La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desestimado los recursos presentados contra varias de sus últimas convocatorias de cargos judiciales por parte de tres asociaciones de jueces, que critican que haga nombramientos estando en funciones y sin respetar los baremos.
En su reunión de este jueves, según informan a Efe fuentes judiciales, la comisión ha desestimado en concreto los recursos que presentaron la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente contra las convocatorias de doce cargos.
Se trata de las presidencias de la Audiencia Nacional y de su Sala de lo contencioso-administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
También recurrieron las presidencias de las audiencias provinciales de Albacete, Toledo, Lleida, Castellón, Valencia, Valladolid y A Coruña.
La Comisión Permanente sostiene que hay que distinguir entre los concursos para los magistrados y las convocatorias para designar a estos cargos, en las que el CGPJ tiene un margen de discrecionalidad a la hora de actuar.
El artículo 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial distingue de hecho entre ambos procedimientos, sostienen las fuentes consultadas, que explican que las convocatorias recurridas técnicamente no son concursos.
La Comisión Permanente esgrime además jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha reconocido que el CGPJ dispone de un amplio margen de decisión para elegir libremente a personas de demostrada solvencia y excelencia para determinados cargos.
Concluye así la vía administrativa, pero las asociaciones pueden acudir también al Tribunal Supremo, ante el que ya han recurrido una veintena de convocatorias y nombramientos de importantes cargos en órganos y tribunales de todo el país.
El Consejo General del Poder Judicial entró en funciones el 4 de diciembre de 2018, después de que fracasara el pacto alcanzado entre el PSOE y el PP para renovarlo, y el bloqueo político augura una difícil renovación del órgano de gobierno de los jueces.
