Denuncian diferencias entre CCAA y barreras para el uso de los nuevos anticoagulantes orales

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Cardiología (SEC) han presentado un informe en el que denuncian "importantes diferencias" entre CCAA y barreras para el uso de los anticoagulantes orales

Un informe denuncia diferencias entre CCAA y barreras para el uso de los nuevos anticoagulantes orales
photo_camera Un informe denuncia diferencias entre CCAA y barreras para el uso de los nuevos anticoagulantes orales

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Cardiología (SEC) han presentado un informe en el que denuncian "importantes diferencias" entre comunidades autónomas y barreras para el uso de los nuevos anticoagulantes orales, indicados para prevenir el ictus y otros embolismos relacionados con la fibrilación auricular.

El proyecto de Análisis de la Gestión y Observatorio Regional de la anticoagulación (AGORA) muestra un mapa "heterogéneo" en el acceso de los pacientes en España a estos fármacos, a pesar de que han demostrado ser igual de eficaces que los anticoagulantes clásicos y "mucho más seguros", ya que pueden reducir las hemorragias más severas "hasta en un 50 por ciento", según ha asegurado Luis Rodríguez Padial, vicepresidente de la SEC.

El Ministerio de Sanidad fijó en 2013 unos criterios para priorizar su uso en los pacientes más graves, pero las comunidades están introduciendo diferentes medidas adicionales que generan "un efecto disuasorio importante" y hacen que España esté "a la cola en el uso de estos fármacos", ha añadido José María Lobos, coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Cardiovasculares de SemFYC.

De media se estima que en torno al 10-15 por ciento de los más de 800.000 pacientes con fibrilación auricular no valvular tienen acceso a estos fármacos.

Sin embargo, existe un "mapa heterogéneo y cambiante" ya que mientras que en comunidades como Andalucía o Cantabria los recibe entre el 30-40 por ciento de los pacientes, en otras como Asturias no llegan al 5 por ciento.

Una de las barreras en el acceso a estos fármacos está en que hasta en siete comunidades (Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias) los médicos de Atención Primaria, que son los encargados del seguimiento de estos pacientes, no pueden recetarlos por primera vez y debe ser el cardiólogo o el hematólogo quien lo haga.

EL VISADO PREVIO DE INSPECCIÓN, UNA BARRERA A SUPRIMIR

Además, los expertos también critican que la receta de estos fármacos requiera la petición de un visado previo de inspección que "somete a criterios muy rígidos la prescripción del tratamiento", ha señalado Lobos. Sobre todo, ha añadido Rodríguez Padial, porque "tarda varios días en obtenerse y es un periodo en el que el paciente está sin anticoagular".

Tanto médicos de familia como cardiólogos piden la supresión de este visado o que, al menos, no sea necesario en determinados pacientes, algo en lo que coincide el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN), Luciano Arochena, que lo considera "el talón de Aquiles" de la anticoagulación.

"Hay médicos de Atención Primaria que no quieren recetar estos fármacos por no pasar por el visado. Y en el mejor de los casos, tarda tres días en volver al médico", ha denunciado.

SANIDAD QUIERE ACTUALIZAR LOS CRITERIOS DE ANTICOAGULACIÓN

La subdirectora general de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad, Paloma Casado, ha defendido que para su departamento "es una prioridad actualizar los criterios de anticoagulación" y, para ello, ha avanzado que se tendrán en cuenta las conclusiones de cara a la actualización de las estrategias nacionales contra el ictus y la cardiopatía isquémica.

"No se puede extender el uso indiscriminado de los nuevos anticoagulantes orales, sino ajustar el tratamiento apropiado para cada paciente", ha reconocido esta dirigente, que no obstante admite que en los últimos años han surgido nuevos datos sobre su eficacia y seguridad que requieren una actualización constante de los criterios de uso.

Además, ha defendido que se deben evaluar los costes directos e indirectos de su uso con el objetivo de "velar por la sostenibilidad del sistema".

"Hay que establecer criterios que, en ocasiones pueden parecer restrictivos, pero buscan el uso adecuado de los recursos", ha apuntado Casado, que recuerda que quien tiene competencias en la materia son las comunidades autónomas.

En este sentido, Ángel Abad, de la Dirección General de Coordinación de Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, ha reconocido la necesidad de "evolucionar" en el uso de los visados pese a que, según ha defendido, su uso "intenta asegurar la indicación" de estos fármacos. Asimismo, ha apelado a la necesidad de contar con pacientes "cada vez más formados e informados" de cara a mejorar la adherencia al tratamiento y reducir el riesgo de complicaciones.

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