El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) acordó abrir una pieza separada para decidir sobre la ejecución provisional de la sentencia que obliga a la Administración regional a admitir a interinos cuyas plazas fueron amortizadas en agosto de 2012.
En una providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCM de fecha 25 de febrero, facilitada por el sindicato STAS, el Alto Tribunal acordó la apertura de esta pieza separada a instancias de los escritos presentados por la representación legal de los sindicatos STAS y UGT.
La sentencia a la que se refiere fue emitida el pasado 27 de enero por la sala de lo Contencioso-Administrativo en relación a la denuncia que presentaron estas dos organizaciones sindicales por posible vulneración del derecho fundamental de negociación colectiva.
El TSJCM falló en su día declarando nulas las órdenes de 20 de agosto de 2012, reguladoras de las plantillas de funcionarios y del personal sanitario, veterinario y de farmacia de la Administración regional, y condenó a la Junta a readmitir a los interinos despedidos por la aplicación de esa orden y a pagarles los salarios adeudados desde esa fecha, así como al pago las costas procesales.
Tras conocerse esta sentencia, el Gobierno de Castilla-La Mancha materializó el 10 de febrero su recurso de casación ante el Tribunal Supremo, después de asegurar que, a pesar de respetar la decisión del Tribunal, no la compartía y por tanto ejercía su derecho a recurrir.
En su día, desde la Junta se aseguró que este recurso de casación no supondría obstáculo alguno a la hora de seguir trabajando para ejecutar y cumplir la sentencia que dictó el TSJCM.
STAS asegura que irá "en beneficio" de funcionarios y administración
En el escrito de súplica al TSJCM elaborado por STAS, recogido por Europa Press, el sindicato considera que demorar la ejecución de esta sentencia en lo referido a la reincorporación de los funcionarios afectados por las disposiciones anuladas traería efectos "de muy difícil reparación".
Además, aseguran que la ejecución provisional "genera beneficios tanto para la propia Administración como para los funcionarios afectados", ya que no solo los trabajadores se reincorporarían a su puesto de trabajo sino que la Junta "obtendría su debido beneficio con motivo de los servicios que sin duda prestarán estos funcionarios para dicha Administración".
