El Gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido una mejora en la financiación del nivel mínimo del sistema de dependencia con 18,8 millones de euros, tras el acuerdo alcanzado en el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Así lo ha asegurado, al término de la reunión telemática que ha celebrado este viernes este órgano asegurado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que ha destacado que con este acuerdo se recuperan las cuantías destinadas a la financiación de las prestaciones y servicios destinados a las personas en situación de dependencia, que se vieron reducidas en el año 2012.
Sánchez ha subrayado que las cuantías globales se incrementan un 17,4 por ciento por encima de las actuales, mientras que en lo respecta al grado III, destinado a las personas con gran dependencia, las cuantías aumentan un 23,6 por ciento, de modo que pasan de los 190,13 euros actuales a 235 euros, mientras que 2012 eran 214,64 euros, ha informado en una nota de prensa la Consejería de Bienestar Social.
Asimismo, ha apuntado que la modificación de las cuantías del nivel mínimo supone que Castilla-La Mancha en 2020 recibió por este concepto por parte del Estado 71,9 millones de euros, y en 2021 se estima alcanzar más de 90 millones de euros.
La titular de Bienestar Social ha indicado que esta mejora "se fundamenta dentro del plan de choque para el impulso del sistema para la autonomía y atención a la dependencia", en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha "va a seguir reclamando una financiación corresponsable entre el Estado y las comunidades autónomas", ha avanzado.
El objetivo, ha explicado, es "continuar con la reducción de las listas espera y mejorar las prestaciones y los servicios para las personas en situación de dependencia, así como reducir la deuda que el Gobierno de España mantiene con las diferentes regiones, que en el caso de Castilla-La Mancha supera los 500 millones de euros".
Por otra parte, el Consejo Territorial ha abordado la distribución de Fondos Europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021 a comunidades autónomas y corporaciones locales, al tiempo que ha informado sobre atención y traslados solidarios de niños y adolescentes migrantes no acompañados y sobre los fondos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado para apoyar estas actuaciones.
El acuerdo alcanzado contempla también que a lo largo del año 2021 se regulará la figura profesional del asistente personal, y que al final de 2022 todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia.
Según Sánchez, se trata de un "derecho subjetivo" que Castilla-La Mancha aplaude, al tiempo que ha recordado que en esta región ya lo tienen todas personas en situación de dependencia, además de que todas las personas mayores de 70 años tendrán derecho a teleasistencia de forma automática tengan o no grado reconocido.
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
Por otra parte, las personas que solicitan atención en aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha deben esperar una media de 245 días para recibir respuesta de la administración, lo que supone el tercer menor tiempo medio de espera después de los de Castilla y León y de Cantabria.
Y es casi la mitad del tiempo medio de espera del conjunto de España, donde los solicitantes tienen que esperar una media de 432 días hasta que reciben respuesta de la administración, según los datos del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), que publica el Imserso.
Unas cifras, a fecha del 30 de septiembre de 2020, que recoge el nuevo Plan de Choque de la Dependencia, aprobado este viernes en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Dependencia, cuyos objetivos prioritarios son reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones económicas y las condiciones de los profesionales.
El Sistema de Atención a la Dependencia incluye actualmente a 1.034.612 personas beneficiarias con derecho efectivo a prestaciones, mientras que unas 380.000 personas están a la espera de un procedimiento.
La normativa establece que el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), un tiempo de espera al que sólo se acerca Castilla y León (188).
Por encima de los 18 meses (540 días), están Canarias (923), Andalucía (699), Extremadura (693) y Asturias (576).
El siguiente cuadro recoge por comunidades autónomas el número de personas que están pendientes de resolución, el promedio de días en resolverlas y las personas que ya han sido valoradas con algún grado de dependencia, pero aún no han recibido una prestación.
En las tablas incluidas en el Plan para calcular la aportación del Estado a las comunidades autónomas no figura ni el País Vasco ni Navarra debido al régimen foral por el que reciben el dinero regulado mediante el cupo.
Comunidades Autónomas | Personas pendientes de resolución | Personas ya valoradas a la espera de prestación | Días de espera desde la solicitud hasta la resolución de prestación |
Andalucía | 100.718 | 58.023 | 699 |
Aragón | 5.984 | 5.069 | 364 |
Asturias | 6.264 | 3.135 | 576 |
Baleares | 2.427 | 2.640 | 269 |
Canarias | 22.819 | 8.005 | 923 |
Cantabria | 1.907 | 3.885 | 242 |
Castilla y León | 2.798 | 403 | 188 |
Castilla-La Mancha | 1.182 | 4.872 | 245 |
Cataluña | 85.425 | 72.396 | 520 |
Comunidad Valenciana | 29.961 | 13.565 | 511 |
Extremadura | 9.992 | 5.536 | 693 |
Galicia | 5.500 | 5.269 | 371 |
Madrid | 20.314 | 28.540 | 297 |
Murcia | 9.532 | 4.808 | 483 |
La Rioja | 2.203 | 3.103 | 308 |
TOTAL | 310.979 | 219.249 | 432 |