La Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes ha aprobado las enmiendas presentadas por el Grupo Popular a la modificación de la Ley de Comercio de Castilla-La Mancha, que pasan, entre otras cosas, por modificar varios artículos de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU). Las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista han quedado 'vivas' para su debate en el Pleno de las Cortes, tras ser rechazadas por la mayoría 'popular'.
El diputado 'popular' Antonio Martínez, que será el encargado de debatir en las Cortes el dictamen aprobado este viernes en Comisión, ha explicado que las cuatro enmiendas de su grupo van dirigidas a mejorar sustancialmente la creación de empresas, y por ende, el crecimiento económico de la región.
La modificación que el Grupo Popular plantea de la LOTAU pasa por que en los nuevos planes de ordenación municipal contemplen en un lugar del 50 por ciento actual un 30 por ciento de vivienda protegida en actuaciones de nueva urbanización. También quieren rebajar del 30 al 10 por ciento el cupo de vivienda protegida en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.
De igual modo, proponen que los municipios con un crecimiento "moderado" no tengan la obligación de contar con un Plan de Ordenación Municipal, siempre y cuando en los cuatro últimos años no hayan superado la promoción de más de 50 viviendas o 5.000 metros cuadrados construidos por año. Tan solo deberán dotarse de un Plan de Delimitación de Suelo Urbano.
Asimismo, quieren que las empresas o industrias relacionadas con transformaciones agrarias puedan instalarse en terreno rústico, para que los agricultores que quieran realizar cualquier tipo de actividad industrial en la parcela que posean no tenga que desplazarse a otra o adquirir un terreno para este fin.
Pretenden, entre otras cosas, reducir la limitación de construir en altura y la posibilidad de ampliar la instalación de actividades industriales en suelo rústico, aunque estén a menos de 200 metros del casco urbano.
Derogar el reglamento de actividades molestas
Para llevar a cabo esta modificación de la LOTAU, el PP pretende derogar el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, que data el año 86 y no está vigente en ninguna comunidad autónoma.
Igualmente, abogan por suspender temporal, total o parcial los Programas de Actuación Urbanizadora cuando causas justificadas de interés público o la viabilidad económica lo aconsejen. Serán los ayuntamiento en pleno, de oficio o a instancia de los propietarios o del urbanizador, los que puedan acordar la suspensión por un plazo de dos años, prorrogables por otros dos años más como máximo.
Tras la defensa de las enmiendas que ha realizado el diputado 'popular', el parlamentario socialista José Molina ha tildado de "barbaridad" que el PP use la Ley del Comercio para modificar un asunto "tan sensible" como es del suelo, sin informes previos y cuando, además, esta gestión compete entre otros a los ayuntamientos.
A juicio de Molina esta modificación de la LOTAU supone además "volver a la época todo el suelo es construible" para cualquier actividad sin tener en cuenta los usos sociales, asegurando que se trata de un planteamiento "miope". "Es una broma de mal gusto intentar hacer creer que la modificación de la LOTAU favorece que un agricultor envase patatas", ha condenado.
Enmiendas vivas
La mayoría 'popular' en la Comisión ha rechazado las cuatro enmiendas presentadas por los socialistas, quedando de este modo 'vivas' para su debate en el Pleno. Alegan que son "cortas y no se ajustan a derecho".
Los socialistas, entre otros asuntos, pedían que se considere establecimiento comercial toda instalación inmueble de venta al por menor en la que un empresario ejerce su actividad durante al menos tres meses.
De igual modo, el grupo de la oposición ha exigido que los consumidores que hayan comprado a distancia no se vean obligados a pagar en caso de que el producto recibido no sea el que ellos han pedido, pues consideran que de esta manera vulnera los derechos y las garantías de los consumidores.
