El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha asegurado que la fusión de las siete cajas que dio lugar al grupo BFA-Bankia se acometió por petición del Banco de España, que dictó las instrucciones y "no dejó muchas opciones", ya que la fusión era la única manera de cumplir con los requisitos de capital.
Así lo ha indicado durante su comparecencia por el juicio de la salida a Bolsa de Bankia, que se ha reanudado este martes en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), en la que ha señalado que responderá a las preguntas de la Fiscalía, el Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria (FROB) y su abogado.
El expresidente de Bankia ha explicado durante su intervención que el plan de negocio de Caja Madrid, entidad que entonces presidía, elaborado en marzo de 2010, no contemplaba la fusión con ninguna entidad, sino que se decidió a raíz del Real Decreto Ley de mayo de 2010, que estableció la creación de sistemas institucionales de protección (SIP) para las entidades que no cumplieran con los requisitos de capital necesarios establecidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA).
Según ha indicado, Caja Madrid estaba cerca del límite de requisitos de capital y la legislación aprobada entonces exigía someterse a un proceso de 'fusión fría' con otras cajas, ya que las cajas de ahorros no tenían acciones y Caja Madrid no había emitido cuotas participativas (un instrumento similar a las acciones pero sin derechos de voto).
"Sus posibilidades de captar capital eran cero, el consejo de administración de Caja Madrid accedió a cumplir la ley, no era una decisión donde hubiese muchas opciones, y entramos en contacto con alguna caja que estaba en la misma situación que nosotros", ha señalado Rato, quien ha reiterado que este fue "el único motivo" por el que Caja Madrid aceptó entrar en el SIP.
Rato, que ha respondido a las preguntas de la Fiscalía en tono altivo, ha asegurado que el entonces gobernador del Banco de España le llamó por teléfono y le citó en su oficina junto al entonces presidente de Bancaja, José Luis Olivas, para comenzar a negociar una fusión.
"El Banco de España me comunicó oficialmente su opinión de que Caja Madrid y las otras seis cajas (Bancaja, Caja Ávila, Caja Canarias, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja La Rioja) eran razonablemente viables", ha señalado, a lo que la fiscal ha respondido que, según un informe interno de inspectores de Banco de España, Bancaja se encontraba en un procedimiento de inspección del supervisor y su diagnóstico indicaba que contaba con una "escasa generación de recursos para cubrir necesidades de saneamiento e insolvencia".
Sin embargo, Rodrigo Rato ha negado que tuviera acceso a dicho informe, que era interno del propio Banco de España y que "se contradice literalmente con lo que dijo en el momento de la creación del SIP". De esta manera, ha defendido que la opinión oficial y vinculante del supervisor bancario era la de su comisión ejecutiva, que afirmaba que las cajas eran "perfectamente viables" y que los procesos de reestructuración venían dados si las entidades querían tener acceso al capital necesario para cumplir con los requisitos de la EBA.
"El Banco de España nos indicó claramente los pasos que teníamos que dar; no nos dio muchas opciones", ha defendido Rato, quien ha señalado que Caja Madrid estaba en contacto con otras cinco cajas y que el gobernador y el subgobernador del Banco de España incorporaron a Bancaja a ese proceso. "El Banco de España y el FROB decidieron que era bueno que hiciésemos una operación más grande y nosotros lo ejecutamos profesionalmente", ha indicado.
SE RECHAZA APLICAR LA DOCTRINA BOTÍN
Por otra parte, la Audiencia Nacional ha acordado este martes mantener a todas las acusaciones, incluidas las populares, personadas en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, lo que permite seguir a la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y la Confederación General del Trabajo (CGT), que piden hasta doce años de cárcel para la treintena de acusados.
En el auto conocido este martes, la sección cuarta de la sala de lo Penal ha rechazado casi todas las cuestiones planteadas por las defensas, avalando la presencia de los perjudicados como acusación particular, si bien ha retirado el delito de falsedad contable atribuido a las personas jurídicas, Bankia, su matriz BFA, y la firma auditora Deloitte, sobre las que ahora sólo pesa el de estafa a inversores.
También se ha opuesto a la petición fiscal por la que se incorporaban a la causa documentos relacionados con la quiebra de Banco de Valencia.
Durante la exposición de las cuestiones previas, las defensas comunicaron sus dudas sobre la legitimidad de los pequeños ahorradores, e invocaron la llamada "doctrina Botín", que limita el ejercicio de la acción popular cuando ni la Fiscalía -que actualmente sólo carga contra los cuatro antiguos administradores del banco- ni los perjudicados ejerzan acusación.
Unos argumentos que ahora rechaza la sala, que obliga a los acusados a acudir a todas las sesiones programadas, en principio hasta el próximo junio, y que ya ha empezado con la declaración del expresidente de la entidad Rodrigo Rato.
Para él la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión por presunta estafa a los inversores de la salida a Bolsa, tal como consta en sus conclusiones provisionales; no obstante, en la primera jornada, la fiscal Carmen Launa -que sustituye a Alejandro Luzón- se reservó la posibilidad de incluir una presunta falsedad contable, que también podría extender al resto de acusados.
Posible cambio al margen, que en cualquier caso se conocerá durante la presentación de las calificaciones definitivas -previstas para junio-, por ahora el Ministerio Público presenta cargos, además de contra Rato, contra los otros tres exadministradores de hecho de la entidad.
Así, se espera que tras éste le llegue el turno al exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas, para el que Fiscalía solicita cuatro años de prisión; al exconsejero José Manuel Fernández Norniella (tres años de cárcel), y al ex consejero delegado Francisco Verdú (dos años y siete meses de cárcel).
El resto de acusaciones aumenta sus peticiones hasta los doce años de cárcel tanto para la excúpula como casi una treintena de exdirectivo y el socio auditor, y multas millonarias para la entidad, su matriz, BFA, y la firma auditora Deloitte, en calidad de personas jurídicas.
