La organización agraria Asaja de Castilla-La Mancha ha pedido este lunes a la Consejería de Agricultura que se acoja a las excepciones previstas en aplicación de purines, para evitar pérdidas económicas del sector.
En una nota de prensa, Asaja ha explicado que son excepciones previstas en la normativa de la condicionalidad en relación a la aplicación de los purines y estiércoles sólidos y que el objetivo de la petición es evitar un "considerable incremento" de los costes de producción para agricultores y ganaderos, así como multas y sanciones o recortes y pérdidas del importe de PAC.
Asaja ha señalado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 11 de noviembre de 2017 el Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre, que modifica varios reales decretos de aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España.
En concreto, ha indicado que en el artículo cuarto recoge, en relación a las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de programas de apoyo al sector vitivinícola.
Asimismo, ha afirmado que añade dos nuevas disposiciones en una de la cuales incluye que la aplicación de purín en las superficies agrícolas no podrá realizarse mediante sistemas de plato o abanico ni cañones.
En este sentido, Asaja ha subrayado que la normativa nacional establece que las comunidades autónomas "pueden aplicar excepciones", atendiendo a las características específicas de las superficies afectadas, incluidas las condiciones orográficas y climáticas.
También ha destacado que se establece el requisito de enterrar los estiércoles sólidos después de su aplicación, obligación que "se podrá exceptuar si la comunidad autónoma así lo determina", para los tipos de cultivo mediante siembra directa o mínimo laboreo, los pastos y cultivos permanentes, y cuando la aportación del estiércol sólido se realice en cobertera con el cultivo ya instalado.
La organización agraria ha advertido que la aplicación de este medida en la región, cuya entrada en vigor fue el 1 de enero de 2018, "puede acarrear importantes pérdidas económicas para los agricultores y ganaderos".
Por ello, ha instado a la Consejería a que "establezca ambas excepciones y las eleve al Ministerio de Agricultura en la aplicación, "máxime cuando desde el Ministerio han expresado su flexibilidad a la hora del cumplimiento de esta nueva norma", ha concluido Asaja.
