La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) ha mostrado su apoyo al alcalde de Luzón, Francisco Julián Romero, y al proyecto de construcción de una granja de cerdos en esta localidad de Guadalajara.
En un comunicado, APAG se ha referido al proyecto de cría de cerdos en Luzón, que ha sido criticado por Ecologistas en Acción ya que, según los conservacionistas, el Ayuntamiento cederá una parcela municipal y la recalificará.
APAG ha explicado que el Ayuntamiento de Luzón está haciendo "únicamente lo que es su obligación" y está siguiendo el procedimiento legal completo, al tiempo que el alcalde ha negado que se haya cedido una parcela municipal, sino que ha sido una licitación pública y hay un alquiler por el terreno.
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara ha criticado que con el grave problema de despoblación que hay en buena parte de la provincia haya grupos ecologistas que digan que este tipo de proyectos son "la puntilla para el mundo rural".
"Como bien ha manifestado el alcalde, si esta empresa ofrece empleo y permite la fijación de dos familias en el pueblo, ya es un éxito para este tipo de localidades; sin olvidar los puestos de trabajo indirectos y el movimiento económico derivado de esta instalación", ha dicho la APAG.
A su juicio, iniciativas de este tipo merecen "tanto respeto y las mismas oportunidades" que cualquier otra iniciativa del sector turístico o medioambiental "siempre que se cumpla la legalidad vigente".
APAG ha precisado que no se trata de una granja intensiva de porcino sino que es "una explotación porcina para recría de reproductores" con 2.000 plazas.
Ha explicado, asimismo, que el informe ambiental del proyecto incluye medidas correctoras para los residuos que se generen en la explotación y la reutilización de los purines generados como abono agrícola, de acuerdo a un plan de fertilización.
Ha aludido a la "exigente" normativa europea sobre bienestar animal, condiciones higiénico-sanitarias de las granjas, bioseguridad y trazabilidad, y ha recriminado lo "absolutamente injusto" que es "deslegitimar de antemano un proyecto y hacer un llamamiento público para crear oposición, sin antes saber si cumple toda la legalidad".
