Los municipios de Cabanillas del Campo, Alovera y Villanueva de la Torre han exigido a la Diputación Provincial que deje de vulnerar la ley y sufrague el coste de las administraciones electrónicas municipales, según ha informado este lunes el consistorio de la primera localidad guadalajareña.
El alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas, y las regidoras de Villanueva de la Torre, Vanessa Sánchez, y de Alovera, Purificación Tortuero, han acordado que los respectivos ayuntamientos que presiden presentarán de modo conjunto alegaciones contra la reciente aprobación inicial del presupuesto de la Diputación de Guadalajara para 2019.
El motivo de presentar estas alegaciones conjuntas entre tres ayuntamientos que son de distinto signo político es que, un año más, la institución provincial no ha presupuestado el montante necesario para cumplir una obligación legal que debería estar asumiendo desde hace años, como es sufragar el coste de las sedes electrónicas municipales de todos los consistorios de la provincia de menos de 20.000 habitantes.
La Diputación Provincial sí sufraga el coste de la administración electrónica de las localidades de la provincia de menos de 5.000 habitantes, "pero olvida deliberadamente a un puñado de municipios de Guadalajara, los que están entre los 5.000 y los 20.000 vecinos, "a pesar de que la Ley es nítida en este punto", critica el consistorio de Cabanillas.
En opinión de estos tres ayuntamientos, la Diputación de Guadalajara vulnera "reiterada y flagrantemente el artículo 36.1.g de la Ley de Bases de Régimen Local, que dice que son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente "la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes".
Recuerdan que, desde los ayuntamientos afectados, se han presentado en años anteriores reiterados escritos, exigiendo que la Diputación cumpla con la ley, pero hasta la fecha la institución que dirigen José Manuel Latre y Ana Cristina Guarinos "ha dado la callada por respuesta".
Los tres alcaldes exigen, por tanto, a los responsables de la institución provincial que enmienden su presupuesto, incluyan la partida necesaria para prestar este servicio y dejen así de incumplir sus obligaciones legales.
Por último, anuncian que si, por el contrario, el equipo de gobierno de la Diputación persiste en este incumplimiento y no enmienda el presupuesto, se reservan la posibilidad de acabar llevando este asunto a los tribunales.
