Un reportaje de Diego Rodriguez Veiga publicado en EL ESPAÑOL
Están por todos lados, sólo basta con fijarse. Las furgonetas blancas van circulando como si fueran glóbulos por la red de arterias de las carreteras del Estado. Están en las autopistas, en los polígonos industriales, frente a la casa del vecino al que la nevera le pierde agua y frente a la del otro que está instalando un toldo, rompiendo la estética exterior del edificio, para aprovechar su terracita en verano. No en vano dice Borja Cardelús, escritor y Premio Nacional de Medio Ambiente, que nunca ha visto un país en el que haya más furgonetas blancas que en el nuestro.
Su intuición no va mal tirada. España es el segundo país con más furgonetas de la Unión Europea , con 2.408.841 según la DGT, y la mayoría son blancas y no llevan ningún tipo de imagen que identifique a una empresa. Y esto parece responder a las características del ADN patrio: los españoles son autónomos y tienen la picaresca incrustada en el ser.
Mientras que la economía sumergida supone en torno a una cuarta parte del PIB -1.206.878 millones de euros en 2018-, jardineros, fontaneros, constructores, transportistas y un sinfín de profesionales usan estos vehículos para realizar su trabajo. Al no tener más cristales que los del conductor y ningún tipo de identificación es imposible saber a qué se dedican realmente, tanto para los ciudadanos que se cruzan con ellas todos los días como a los técnicos de Hacienda que vigilan los trapicheos. Así, una furgoneta sin rotular se ha convertido en un activo al que se le puede sacar mucho dinero por debajo de la mesa y que cae fácilmente en el famoso “¿con IVA o sin IVA?”.
Después de haber montado un negocio familiar que quebró y le dejó mirando al abismo, Daniel (nombre ficticio para proteger su identidad) consiguió un trabajo de transportista. La empresa le compró una furgoneta de segunda mano, blanca y sin rotular, para trabajar de lunes a viernes. Hace tres meses cayó en la cuenta de que el fin de semana la tenía parada y que le podía sacar un pellizco más.
“La primera vez que me di cuenta fue cuando un conocido me la pidió para mover unos muebles y después de hacerlo, sin que se lo pidiera, me dio 100 euros. No lo esperaba pero me vinieron muy bien”, relata en un descanso de su trabajo. “Yo cobro mensualmente 1.200 euros, que son para el alquiler, facturas y mi hijo y ahora los caprichos me los saco en ‘B’ de negro, no de blanco. Al principio me daba cosa pero es que al mes me puedo sacar entre 300 y 500 euros más”, añade. Asegura que también es un beneficio para el que la contrata porque todos la pueden necesitar pero no todos pueden pagar lo que cuesta por la vía legal. “Uno de los trabajos que he hecho fue a un chico que le echaron del piso y se tuvo que ir a casa de su padre, no se la podía pagar por la vía legal”, dice.
“Está claro que es un bien y yo lo amortizo como puedo. Me siento alegal, pero soy moral, si es para algo malo no, pero si es para robar La Casa de Papel sí que te la dejo”, dice entre bromas. Eso sí, aunque no le preocupa que las autoridades le sancionen, cuida con mimo la integridad del vehículo: “El lunes necesito la furgo, esa es la prioridad, porque si le pasa algo pierdo mi trabajo”.
Economía sumergida en motores viejos
El de Daniel no es, ni de lejos, un caso aislado. Es sólo uno de los muchos y creativos rostros en los que se desglosa esta historia de autónomos, furgonetas y dinero en B. “La furgoneta es uno de los principales motores de la economía sumergida, es un mal que viene de antiguo”, asegura Jorge Serrano, coordinador de la sectorial de transporte de la Asociación de Trabajadores Autónomos. “Además, siempre van sin rotular porque de por sí tiene un coste y sería absurdo que alguien rotulase un vehículo para hacer una actividad ilegal”, añade. Y es que ni siquiera hay obligación de rotularlas, por legal que sea la actividad.
Serrano cuenta que donde más ocurre el uso de las furgonetas para actividades en negro es en las grandes ciudades y en las actividades que están enfocadas de cara al cliente final, cuando no hay una empresa de por medio y todo depende del acuerdo al que llegan dos ciudadanos. Esto es lo que hace que sea tan difícil aproximar las cifras a la realidad y, sobre todo, es lo que complica su erradicación.
“Hemos avanzado mucho como sociedad en cuanto a estos temas, pero se nos escapa ese cliente final y es muy difícil eliminar esa bolsa de fraude”, asegura. “Hay que apostar por medidas disuasorias, porque las que hay son muy flojas, lo único que vemos es que la Policía sanciona pero la actividad sigue al día siguiente”, dice Serrano.
Sin embargo, aunque el uso es difícilmente controlable, las autoridades sí se han centrado en intentar que no se conviertan en un peligro a la hora de circular. De los dos millones y medio de furgonetas que hay en España, el 36,4% son anteriores al año 2000 y 368.211 son anteriores a 1990, cuando se empezó a contabilizar.
Esto hace que estos vehículos se conviertan en carne de cañón para los accidentes de tráfico. Según la DGT, entre 2011 y 2017 la siniestralidad de las furgonetas creció un 41% dejando 935 muertos, el 81% de los que las conducen no saben bien cómo colocar la carga que llevan y el 75% desconocen hasta el límite de velocidad que tienen. Mientras, el número de furgonetas que hay en España está creciendo: en 2017 lo hizo un 15,5%.
Por ello, las furgonetas se han convertido en un blanco para las asociaciones que velan por la seguridad vial. “No nos preocupa tanto los años sino el uso que se hace de ellas”, asegura a este diario Francisco Canes, presidente de la Fundación DIA de víctimas de tráfico. “Con el boom del comercio electrónico y el cambio en otros sectores estratégicos, se están intensificando los trabajos que las usan. Y en la mayoría de los casos estos conductores de furgonetas no tienen ningún tipo de formación específica, además de los trabajadores que se echan a la carretera como autónomos para sacar un dinero extra”, añade Canes.
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