Según informa Andros Lozano en EL ESPAÑOL, Rocío Cortés dio a luz el domingo 20 de agosto de 2017. Fue un parto sin problemas: trajo al mundo a una niña lustrosa y morena a la que puso Triana. Lo hizo en el hospital de Valme (Sevilla). Pero horas después, cuando un celador la trasladaba en camilla hasta su habitación, el ascensor en el que la introducía se accionó de forma automática sin que se cerrasen las puertas. El artefacto comenzó a subir y Rocío sufrió un “traumatismo craneal severo”que acabó matándola.
Según la autopsia posterior, el forense concluyó que el cráneo de la joven padeció un "aplastamiento" entre el suelo y el dintel de la cabina del ascensor. La mujer, de 25 años, dejó huérfanas a la niña recién nacida y a otras dos pequeñas más, de cuatro y cinco años. “He perdido la flor de mi casa”, decía su padre, Juan Cortés, horas después del fallecimiento de Rocío.
La magistrada que investiga los hechos, del Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla, tiene en su poder desde hace semanas el informe de la Policía Nacional que apunta a “un fallo humano” como “única hipótesis factible” del siniestro. De ahí que este jueves 18 de enero haya llamado a declarar a F.C.D., el operario de la empresa Orona que había revisado por última vez el ascensor en el que murió Rocío Cortés. Lo cita a las 9.30 horas. También declararán dos peritos.
Dicho día, como explica el padre de la fallecida, se celebra a puerta cerrada el juicio por la muerte de su hija. En esa vista está previsto que se aborde el informe de la Policía Científica encargado por la jueza para aclarar “las razones del borrado de la información de la CPU (discos duros) del ascensor”.
Según el primer informe de la Policía Nacional, "no se ha podido explicar cómo se produjo el desbloqueo del freno del ascensor que provocó la subida del mismo a gran velocidad y con las puertas abiertas", de forma que "la única hipótesis que no se ha podido comprobar es la de que se produjese la apertura del freno de mano".
“No hemos sido capaces de superarlo”
“No era normal que a un ascensor le fallaran los cuatro sistemas de frenado que tiene normalmente. Ahí hay un fallo, y el fallo está precisamente en los tres minutos que le falta a la Policía”, afirma Juan Cortés, quien añade: “Ya han pasado más de 130 días desde lo que le pasó a mi hija y todavía no hemos sido capaces de superarlo”.
Tras el accidente, la empresa Orona señaló que el ascensor "había pasado sin incidencias la última Inspección Periódica Obligatoria (IPO) en mayo de 2017 a través de un Organismo de Control Autorizado independiente". También explicó que la máquina había superado el 12 de agosto el mantenimiento mensual obligatorio y que cumplía la reglamentación vigente para mantenerlo en funcionamiento.
La Junta conocía los fallos desde mayo de 2016
Juan Cortés, que denunció al hospital público de Valme, lamenta que en todo este tiempo transcurrido “nadie” de la Junta de Andalucía “haya descolgado un teléfono” para darle el pésame a él y a su familia.
La Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), se ha personado en el caso como acusación particular. "Perseguimos depurar las responsabilidades. Somos los primeros interesados en conocer las causas", señaló en septiembre la consejera de Salud del Gobierno andaluz, Marina Álvarez.
Precisamente, el Gobierno andaluz, según informó EL MUNDO, desde mayo de 2016 conocía de manos del sindicato USO un informe que señalaba que dicho ascensor tenía fallos mecánicos. En la documentación aportada se detallaba los fallos del sistema de cierre de puertas y los sensores del elevador.
La primera vez que se percataron de dichos errores fue el 20 de septiembre de 2015. En aquella ocasión, la empresa concesionaria tardó cuatro horasen reparar los problemas del ascensor ya que el hospital no contaba con personal de mantenimiento para haber solucionado los fallos mecánicos.
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