Según informan Pepe Barahona y Fernando Ruso en EL ESPAÑOL, Luisa sigue sin entender qué clase de broma macabra la ha apartado de la Guardia Civil. Trata de buscarle sentido en su memoria y en los cientos de papeles que resumen un litigio que viene manteniendo con sus mandos desde el 11 de enero de 2017, justo el día en el que decidió mantenerse firme y desoír la orden de su comandante de puesto, que le pidió que le rebajase la vigilancia a una mujer en riesgo extremo que acababa de denunciar un caso de violencia de género. Ella se negó. Y desde entonces vive un periplo marcado por el acoso y las amenazas.
Luisa María Flores, una chipionera de 35 años, quiso ser guardia civil desde los tres años. Se crió en una casa cuartel, entre los uniformes de su padre y de hasta cincuenta miembros de su familia. La vocación pudo con la insistente resistencia de su madre, que pensó que el futuro para su única hija sería más fácil fuera de la Guardia Civil. Después de tres intentos y de superar, por fin, las pruebas físicas, logró convertirse en agente en la promoción de 2008. Desde entonces viene vistiendo el verde con el orgullo que le enseñó su padre, fallecido hace un par de años. De él aprendió a ser “honorable, honesta y justa”. Incluso si para cumplir con ese precepto fuese necesario desoír las órdenes de un superior.
La tarde en la que todo cambió, Luisa ejercía sus labores en la sección de violencia de género en el cuartel de Chipiona (Cádiz). Llegada una hora que no sabe precisar, recibe el testimonio de una joven de alrededor de 30 años. La mujer advierte nerviosa que está siendo amenazada de muerte por su expareja, sobre el que pende ya una condena que impide ambos estén juntos. La joven explica a la agente que el acercamiento se ha producido con su consentimiento, pero que, en un momento determinado, la situación se ha complicado, llegando el chico, mucho menor que ella, a querer partirle el cañero —donde se guardan las cañas de pescar— en la cabeza.
El carácter violento del denunciado, bien conocido en el cuartel por sus actividades ilícitas en la zona, activa las alarmas en Luisa, que como en todos los casos de violencia de género procede a hacer una valoración policial de riesgo, conocida en el argot por sus siglas VPR.
Esa valoración se hace en base a una serie de preguntas prefijadas que están recogidas en un sistema integral de violencia de género, un método que evita que haya fallos en las evaluaciones del riesgo. “Preguntas como ¿Tiene el agresor antecedentes de violencia de género? ¿Tiene antecedentes de violencia doméstica?”, recuerda Luisa. En ambos ejemplos la contestación era sí.
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