Un reportaje de Andros Lozano publicado en EL ESPAÑOL
La mayoría de los vecinos de Isla Mayor (Sevilla) no se sorprendieron cuando, en febrero de 2017, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron a Luciano M. V. por cobrar 35.000 euros manchados por la droga. Los isleños sabían que ese agente del cuartel del pueblo, natural de Zamora pero casado con una oriunda de la localidad y con una hija, estaba conchabado con los traficantes de droga locales que introducían hachís remontando con sus lanchas el Guadalquivir para esconderlo después en naves situadas junto a los canales de las marismas del río.
Lo que pocos sabían entonces en Isla Mayor era que de los ochos agentes destinados allí, Luciano había convencido a la mitad de ellos, incluido al sargento, para que colaborasen con los narcos.
Él y su compañero Juan Rafael M. R. eran los encargados de realizar el 'casting' entre quienes querían dar el salto al otro lado de la ley. En una de las conversaciones telefónicas que se le registraron, uno de los agentes que se detuvo les sugiere la posibilidad de “entregar el curriculum si salen vacantes por ahí”.
Ahora, dos años después de que Asuntos Internos limpiara el cuartel, los cuatro guardias civiles corruptos se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional.
El juicio arrancó la semana pasada y continúa durante la actual. Se les acusa de dar protección durante los traslados de mercancía, informar a los traficantes de operativos de grupos especiales y situar su vehículo oficial en lugares estratégicos para evitar que otros grupo del cuerpo o de otros investigaran en la zona. Tres de los agentes imputados admitieron los hechos en la primera jornada del proceso. Sólo el sargento negó su implicación.
Escenario de película
Isla Mayor es una lugar histórico de entrada de hachís por su ubicación geográfica, próxima a la desembocadura del ‘gran’ río andaluz en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Hay algo opresivo en el aire cuando se pisa la fina lengua de tierra rodeada de marismas que es Isla Mayor.
Todo a la vista es agua más allá de la franja seca sobre la que se asienta este pequeño pueblo sevillano de 6.000 habitantes. Se trata de un lugar lleno de caños y canales atravesados por laberínticos caminos de tierra como los que dibujó Alberto Rodríguez en su película La Isla Mínima.
En este lugar aislado y casi olvidado pese a encontrarse a sólo 47 kilómetros de distancia de Sevilla, durante décadas las organizaciones que trafican con hachís han operado con cierta impunidad en la zona por su rápida salida al Atlántico y su proximidad a Marruecos.
Y para ello no dudaban en corromper con dádivas a los agentes del orden. De esa forma, Isla Mayor era un pueblo de día y otro de noche. La oscuridad amparaba un negocio que llegó a manchar hasta las entrañas del cuartel, donde el silencio era absoluto.
El agente Luciano era el veterano del grupo. La investigación señaló que él, que llevaba más de dos décadas residiendo en Isla Mayor, poco a poco persuadió a los tres compañeros para colaborar con una banda local dedicada al transporte de hachís. Luciano, que conocía a todo el pueblo, era el enlace con los narcos que cada noche colaban sus lanchas cargadas de droga y por la mañana se los encontraba tomando café en los bares.
Precisamente, a Luciano M. V. se le detuvo en Zamora, donde se encontraba cuando se precipita el operativo en el que se arrestó a sus tres compañeros y a 18 miembros de una organización de traficantes a la que se le incautó 1.600 kilos de hachís.
La Fiscalía sostiene que dicha organización no sólo se dedicaba a traer hachís, sino que arrenbada sus embarcaciones a otras bandas. Su especialidad era realizar trabajos de “reparación, preparación, mantenimiento y modificaciones” de 'gomas' para otros traficantes de estupefacientes.
Altas peticiones de cárcel
La Fiscalía pide 13 años de cárcel por tráfico de drogas y otros seis años por blanqueo de capitales para el sargento jefe del puesto, Francisco Javier C.B., y para Luciano M.V. Les imputa dos delitos de simulación de delito y revelación de secretos.
El Ministerio Fiscal solicita para los otros dos agentes, Claudio G.G. y Juan Rafael M.R., ocho años de cárcel por tráfico de drogas. Las peticiones de prisión para los 18 presuntos traficantes oscilan entre los 8 y los 13 años.
El juicio se retoma este jueves, cuando testificarán ante el juez los agentes deAsuntos Internos que realizaron la investigación. Según el escrito de acusación del fiscal, Francisco Javier C.B. obtuvo unos ingresos no justificados de 22.040 euros y Luciano M.V. de 35.100 euros.
Según la investigación, cuando los narcotraficantes detectaban un coche sospechoso, los agentes corruptos realizaban gestiones para conocer quién era el titular. Luciano M.V., amante del ciclismo, llegó a enviar a sus superiores un informe a finales de 2016 en el que detallaba los trabajos de dos bandas rivales de la que él cobraba, pero no decía nada de quienes le pagaban a él y a sus tres compañeros que pueden acabar fuera del cuerpo y con los pies en prisión.
Fuente: EL ESPAÑOL
