Un reportaje de Enrique Recio publicado en EL ESPAÑOL
Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justoinspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
Este es el primer punto del artículo 31 de la Constitución Española. Y también lo que podría denominarse como una teoría que, en la práctica, no se cumple en ninguno de sus puntos, al menos, con el impuesto de sucesiones. La familia del pequeño Antonio, de 10 años, el arruinado más joven de España por el impago de este impuesto tras la muerte de su padre en 2010, lo sabe bien. Nueve años después del fallecimiento, Hacienda reclama a este niño el pago de 60.000 euros. No tiene nada, ni podrá tenerlo. Pues cada euro que tiene queda confiscado. Su madre, tampoco. De hecho, está pagando su parte del impuesto con su pensión de viudedad -después de pedir un préstamo con el aval de sus padres-, al mismo tiempo que intenta sacar adelante a su hijo con lo poco -o nada- que le queda. Una ayuda que también le pueden embargar.
Todo ello, además, no existiendo liquidez de la herencia, no habiéndose realizado aún la resolución y reparto de los bienes -después de 10 años- y, por tanto, sin la posibilidad de tener ninguna propiedad a su nombre que poder vender para poder sufragar la deuda. Un década de total desamparoen la que esta familia de Lebrija (Sevilla) solo veía cómo crecía la deuda del niño con Hacienda por los intereses, sin poder encontrar otra solución que no pasase por pagar. Algo imposible para ellos.
Antonio, de 12 años, afectado por el impuesto de sucesiones desde el fallecimiento de su padre hace una década.Fernando Ruso
Si bien, a raíz de que Stop Sucesiones, una asociación que persigue la eliminación del impuesto de sucesiones en España, diese con el caso de esta familia y EL ESPAÑOL contase la situación del pequeño Antonio, la historia interminable de este niño de diez años con la Hacienda andaluza podría llegar a su fin.
Según ha podido saber este diario, el departamento de Hacienda de la Junta de Andalucía estaría dispuesto a reunirse con esta familia en las próximas semanas para escuchar propuestas y poder concretar alguna solución. Desde que el caso de esta familia lebrijana quedase en manos de Stop Sucesiones, la asociación ha estado trabajando en diferentes posibilidades que plantear a la Junta para poder subsanar la situación que vive tanto el pequeño Antonio como su madre.
Las opciones de Antonio
La primera de ellas sería una paralización de su expediente y la condonación de la deuda, según cuenta a este diario el presidente de Stop Sucesiones, Eligio Taboada, teniendo como base jurídica el artículo 31 de la Carta Magna, al que se hace ilusión al principio de este reportaje. Pues, según explica Taboada, el tributo que debe pagar está familia nunca fue acorde a su capacidad económica y ha tenido, además, capacidad confiscatoria. El niño no puede tener nada a su nombre y a su madre, Mar, antes de que pidiese un préstamo para poner pagar el impuesto -por algo que no ha recibido-, Hacienda le embargó todas sus cuentas y su vehículo.
La retroactividad de la supresión del impuesto de sucesiones sería otras de las vías que esta asociación plantearía al Gobierno andaluz. Una vez que el líder del PP andaluz, Juan Moreno Bonilla, tomó posesión como presidente de la Junta, el impuesto quedo suprimido casi por completo (99% de bonificación) para los familiares directos -es decir, los que heredan de su padre y de su madre, como en el caso de Antonio- que heredasen a partir de 2019. Un cambio en la legislación que Moreno Bonilla había acordado previamente con Ciudadanos y Vox. Si bien, esta modificación legislativa no era aplicable a todos aquellas personas que habían heredado en años anteriores y no preveía cambio alguno para los que acumulaban grandes deudas con el impuesto.
De este modo, Stop Sucesiones pedirá que revisen expedientes de afectados por el impuesto que estén en marcha, como el del niño de diez años, o que estén caducados, para que se pueda aplicar la retroactividad. Más aún teniendo en cuenta de que se trata de un niño, que no tiene beneficio alguno, el que tiene una deuda con Hacienda que asciende a 60.000 euros.
El pequeño Antonio, a temprana edad, en una foto familiar. Fernando Ruso
Otra opción, aunque menos positiva, sería pedir un aplazamiento para pagar la deuda que esta familia lebrijana tiene con Hacienda. La legislación tributaría permite una moratoria de 26 meses. Tal vez tiempo insuficiente para que esta familia, apenas sin recursos, pudiese afrontar el pago de tal deuda. Mientras además, la madre del pequeño Antonio, ya está pagando su parte del impuesto tras pedir un préstamo para levantar el embargo de sus cuentas.
La cuarta y última opción sería la paralización del expediente y que la deuda con Hacienda fuera la principal, es decir, eliminar todos los intereses que han hecho incrementar el montante desde que el padre de Antonio murió y pedir un fraccionamiento para que la familia pudiese pagar. En un principio, el fisco reclamó al niño 31.000 euros por una valoración de 295.000 euros de la masa hereditaria. Si bien, con el paso del tiempo esa cifra se ha multiplicado por dos.
De este modo, el pequeño de diez años reduciría la deuda a la mitad y (su familia) tendría mas margen para poder pagarla. Precisamente, el hecho de que la deuda ascendiese con el paso del tiempo, hacía imposible que su madre pudiese hacerle frente. Así lo contaba el tío del pequeño, y ahora padre legal, Antonio Vidal, a este diario: "Nunca nos hemos negado a pagar, solo queremos que se entienda que hay que dar facilidades, un margen de tiempo para poder pagar porque la deuda crece de manera desorbitada".
En este sentido, Vidal insistía en que ellos jamás evitaron satisfacer la deuda, pero cuando, tal vez, podían pagarla veían como se había incrementado en poco tiempo y se hacía de nuevo imposible sufragarla. "Pesa más la parte de la demora que el impuesto, es algo absurdo", contaba Antonio.
Antonio en su pueblo natal, Lebrija (Sevilla) Fernando Ruso
En cualquier caso, una posible reunión con el departamento de Hacienda podría ser la última oportunidad para esta familia andaluza. "Por favor, le pido que haga lo humanamente posible por revisar este caso y poder ayudarnos de alguna manera. Soy yo quien se lo pie en nombre de mi sobrino y no su madre, mi hermana, porque ella ya está cansada y sin fuerzas ante toda esta situación", ha escrito en una carta, enviada a Hacienda, el padre legal de Antonio, de diez años. Ahora, solo queda esperar a la respuesta de la Junta para que el suplicio que ha vivido esta familia por fin pueda convertirse en "una vida normal", tal y como ellos ansían.
Fuente: EL ESPAÑOL
