Según informa Eduardo del Campo en EL ESPAÑOL, la noche de la histórica victoria electoral de la derecha en Andalucía el 2 de diciembre, empezó a circular por los móviles un meme que decía junto a la foto del presentador del programa de la televisión pública andaluza Toros para todos, Enrique Romero: “El único que va a dormir esta noche tranquilito en Canal Sur”. Era una jocosa alusión a que los adalides de la idea terminator lanzada por Vox de eliminar la cadena autonómica, como el PP hizo con la de la Comunidad Valenciana, sólo indultarían al espacio taurino en la supuesta quema que van a iniciar contra un ente al que acusan de haber sido sólo un organismo al servicio del PSOE.
La aniquiladora reclamación de cargarse Canal Sur, que equivale en su maximalismo a curar a un enfermo matándolo, es difícilmente realizable, porque la agencia andaluza de la RTVA (matriz de Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio) está protegida por el Estatuto de Andalucía, que habría que cambiar; de modo que sus 1.462 trabajadores de plantilla (a los que hay que sumar centenares más de servicios subcontratados, desde limpiadores, vigilantes y conductores hasta cámaras freelance, sin contar con el personal de las productoras externas que elaboran programas para la cadena) pueden dormir también –aunque intranquilos– con la certeza de que el día del juicio final no está tampoco a la vuelta de la esquina con la subida al poder de un gobierno de PP-C's apoyado por Vox.
En cambio, los que sí tienen muy probablemente las horas contadas en sus puestos son los cargos políticos que ocupan los 15 sillones del Consejo de Administración de la RTVA, el ente que empezó a emitir hace 30 años (la radio llegó a las ondas en noviembre de 1988; la tele, el 28 de febrero de 1989). Desde la promulgación en 2007 de la Ley de la agencia pública empresarial RTVA que reguló la creación y funcionamiento del Consejo de Administración (así como el Consejo Asesor y la Dirección General), los sucesivos consejeros elegidos por los partidos representados en el Parlamento Andaluz han venido cobrando por su función y por reunirse dos veces al mes unos sueldos de más de 60.000 euros, que superan al que cobra la presidenta de la Junta, Susana Díaz.
Los mismos consejeros desde hace 10 años
Los consejeros los debe elegir el Parlamento por mayoría de tres quintos. PSOE y PP se pusieron de acuerdo en 2008 y desde entonces la composición no ha cambiado. Como tienen mandatos únicos de 6 años, sus nombramientos caducaron en mayo de 2014, pero siguen de forma interina desde hace más de cuatro años por falta de acuerdo político para su renovación. De los 15 sillones, tres están vacantes, tras la marcha de su presidente, el ex alcalde de Granada José Moratalla, del PSOE, y de dos consejeros del PP, Macarena O’Neill Orueta y Jorge Moreno Osorio. Estas tres ausencias han contribuido a maquillar el coste salarial del Consejo, que ahora asciende a 1.163.100 de euros respecto a los 1.639.320 del año 2013.
El 27 de marzo de 2014 los representantes en Canal Sur del sindicato anarquista CGT entregaron en el Parlamento Andaluz mil firmas de trabajadores de la casa (la mayoría) reclamando la supresión del Consejo de Administración o su reducción a la mínima expresión, al considerar un despilfarro el millón y pico de euros que cuestan los salarios de sus miembros, muchos de ellos miembros de los aparatos de los partidos, no profesionales de la comunicación.
El sindicato basó su campaña en el argumento de que el Consejo de Administración es un órgano inútil y redundante, puesto que su función ya la ejerce la comisión de control del Parlamento de Andalucía sobre la RTVA. Aunque estos consejeros cobran menos que los de una empresa privada con una plantilla equivalente, sus ingresos, de más de 60.000 euros brutos al año, son exagerados e innecesarios, a juicio de los firmantes de aquella reclamación, teniendo en cuenta que sólo tienen que reunirse una vez cada dos semanas y aprobar lo que les presenta el subdirector de RTVA (director interino desde 2013), el periodista Joaquín Durán.
Denunciaban y siguen denunciando que el Consejo ha sido simplemente durante más de una década un lugar dedicado a buscarle un sueldo a políticos de PSOE, PP y, en menor medida, IU, pues en realidad los consejeros se dedican a trabajar para sus formaciones, a la vez que éstas se ahorran sus salarios. Los 15 puestos se reparten entre PSOE (8), PP (6) e IU (1). Los consejeros actuales están interinos desde mayo de 2014; tras las elecciones de marzo de 2015, el bloqueo de PSOE y PP ha impedido su renovación (recordemos que hace falta una mayoría de tres quintos) y por ello Podemos y Ciudadanos, con representación parlamentaria desde 2015, no han entrado aún en él.
Estas dos formaciones han presentado este año iniciativas diferentes, sin éxito, para reducir el coste de este órgano político (Ciudadanos planteó rebajar el número de 15 a 9 consejeros), y PP y PSOE, desde la campaña de denuncia de la CGT en 2014, también se han mostrado favorables a modificar el Consejo, aunque en la práctica no han hecho nada aún. A pesar de que los consejeros acordaron por unanimidad recortarse ligeramente sus sueldos fijos durante los años de la crisis, sus honorarios siguen siendo llamativos.
'Canal Sur' le cuesta 20 euros a cada andaluz
En descargo del cuestionado órgano de control político, Joaquín Durán ha defendido en el Parlamento que los 1.163.100 euros que cuesta actualmente el Consejo de Administración representan apenas el 0,56% de los 162,7 millones de euros del presupuesto total anual de la RTVA. Dividiendo el presupuesto por los 8,4 millones de habitantes de Andalucía (la comunidad más poblada del país), vemos que Canal Sur le supone 19,36 euros al año a cada andaluz. El precio de tres o cuatro entradas de cine. O tres cubatas.
Aun teniendo en cuenta que es la cadena autonómica más barata de España en relación al número de habitantes, los sueldos de sus consejeros políticos les resultan injustificables a la mayoría de los trabajadores de la casa. Que el ente estatal de la RTVE ya eliminara en 2012 los sueldos de 120.000 euros de los 12 miembros de su consejo de administración, reduciendo sus emolumentos a sus indemnizaciones de asistencia a los consejos, mostró el camino de lo que seguramente ocurrirá en los próximos meses con su homólogo andaluz.
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