Un reportaje de Eduardo del Campo publicado en EL ESPAÑOL
Este lunes por la mañana, recuerda una madre, “la profesora Elena ha llorado al ver su silla vacía” en su clase de Primero de Infantil. La silla y el pupitre de su alumno muerto la semana pasada. A. había nacido en 2015 y cumplía ahora cuatro años. El sábado por la mañana, el niño viajó con su padre, José Antonio, cazador aficionado, y su abuelo materno hasta la finca La Lapa, en el término municipal de Guillena. Iba a pasar un festivo sábado de montería en el bello paisaje de la Sierra Norte, como se llama en Sevilla esta parte de sierra Morena, y a ver al lado de su abuelo Miguel cómo su padre cazaba jabalíes con los demás tiradores. A. estaba sentado en una sillita de campo cuando un proyectil disparado desde otro puesto a su izquierda le atravesó la cabeza.
Mientras en el colegio público Miguel de Cervantes, en el municipio sevillano de Écija, alumnos y profesores guardaban el lunes un minuto de silenciopor su compañero, el cazador que lo mató sin querer, un arquitecto de unos 60 años identificado como L.A.G., declara ante el juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, investigado por un posible delito de homicidio imprudente.
Desde que se conoció la noticia, la muerte accidental de un niño pequeño en una cacería ha servido a muchos detractores de la caza como munición gruesa en las redes sociales para atacar a sus enemigos políticos, en un momento en que el sector de los cazadores, y en particular a los andaluces, se identifica genéricamente con las posiciones nacionalistas españolas del PP y Vox.
La realidad, sin embargo, es que también el gobierno socialista saliente en la Junta de Andalucía de Susana Díaz ha apoyado a este colectivo, como el presidente de la Federación Andaluza de Caza (FAC), José María Mancheño, recordó el 17 de enero en un mensaje de agradecimiento en Facebook a la ya ex presidenta. La FAC lanzó para las elecciones autonómicas andaluzas la campaña #LaCazaTambiénVota, “para llevar la caza al debate electoral y conocer la postura de todos los partidos respecto a la actividad cinegética”.
En su perfil social en internet, el padre de A. posa orgulloso con su hijo pero ni una sola vez con armas ni en cacerías; tampoco hace campaña por ningún partido. Sólo adorna alguna foto con la bandera española, o con el pescadito que simbolizó la desaparición del niño Gabriel en Almería en 2018.
A José Antonio, de poco más de 30 años, le gusta hacerse responsable de proteger a los demás. Trabaja como vigilante de seguridad desde al menos 2014, en la actualidad como jefe de servicios de la empresa HispanoSegur, con la mayor responsabilidad después del dueño, y es voluntario de Protección Civil de Écija, municipio de 40.000 habitantes. Con el uniforme de vigilante, lo ven a menudo en el centro comercial N4, el mayor del pueblo. Antes de consagrarse al sector de la seguridad ciudadana, trabajó poniendo copas en el pub El Recinto, en el barrio de La Alcarrachela, junto al recinto ferial de Écija. En este bar aclaran que él era un camarero empleado por cuenta ajena y no el dueño, como se difundió al principio por error.
No sabían que el padre cazaba
Lleva con discreción su afición a la caza, sin alardes. Un antiguo amigo de esa época de camarero señala al periodista que ni siquiera sabía que José Antonio cazaba. Como hacen con licencia 850.000 personas en España, 300.000 de ellas en Andalucía. Si se acepta como deporte, la caza es el tercero con más practicantes federados en España tras el fútbol y el baloncesto.
José Antonio y su mujer, Alba, son padres de dos niños de dos y cuatro años. Este último sábado, 19 de enero, el padre y el abuelo materno, camionero de profesión, fueron a una cacería de jabalíes y se llevaron con ellos al primogénito, Aitor. Cada puesto de caza en esta montería en la finca La Lapa de Guillena costaba unos 300 euros, según una fuente consultada por El ESPAÑOL cercana a la propiedad de la finca. Las monterías allí no las convoca el dueño del coto privado sino el “orgánico” (en el argot de los cazadores) que le compra los animales y organiza las batidas.
En enero de 2017, en una cacería similar de jabalíes en esta misma finca, costaba 250 euros y en ella había entre 25 y 30 puestos, según anunciaba entonces el hombre que también ha organizado la montería del sábado que acabó en tragedia, Enrique Ballesteros Jiménez. En la montería de este sábado había cinco puestos, según han informado fuentes del caso a Europa Presstras la declaración este lunes del cazador investigado.
Las monterías de caza mayor comienzan temprano con un desayuno campero y un rezo colectivo a la Virgen para pedirle protección en la jornada. A las ceremonias previas (y al posterior recuento de los animales abatidos) asisten tanto los cazadores que van a disparar como los acompañantes que acuden de espectadores, incluidos niños menores de 14 años. La cuestión de la edad se complica legalmente respecto a quién puede estar en la zona de tiro y disparar. La ley andaluza permite cazar a los menores de entre 14 a 18 años con autorización de su representante legal, y a los menores de 14 les deja participar como acompañantes pero sólo “en modalidades sin armas de fuego”, lo que no es el caso de una montería de caza mayor.
El Decreto 126/2017, de 25 de julio, aprobó el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía, que en su artículo 93.h) establece que “Los menores de catorce años podrán acompañar a personas cazadoras en modalidades sin armas de fuego, bajo la responsabilidad de éstos, desarrollando todas las acciones inherentes al ejercicio de la caza”; dicho de otra manera e implícitamente, se deduce que los niños menores de 14 no pueden estar en los puestos de tiro de caza mayor.
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