La Junta de Personal funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la provincia de Toledo ha solicitado al Gobierno regional que se le informe de las previsiones respecto a la desescalada para poder colaborar en su definición, puesta en marcha y ejecución.
Es una de las peticiones que se adjuntan en el escrito presentado este lunes ante la Dirección General de la Función Pública, por acuerdo de la Junta de Personal funcionario de la provincia de Toledo, reunida su Comisión Permanente por vía telemática “con carácter extraordinario y urgente” el pasado 6 de mayo.
En el escrito, ha recordado que la “trágica situación” que se está sufriendo por la pandemia por COVID-19, “en ningún momento suspende los derechos sindicales o representativos del personal funcionario”.
Es obvio que los condiciona, e igual que tienen que verse recortados excepcionalmente en alguna de sus expresiones, en las que tengan que ver con la lucha contra la pandemia y la protección de la salud del personal que representamos, deben verse reforzados”, ha afirmado.
También ha hecho hincapié en que el lema ‘Este virus lo paramos unidos’, debe trascender y ser realmente la estrategia compartida para ser “más eficaces” frente al coronavirus y en la protección de la salud de las personas a las que representan.
En este punto, la Junta de Personal de la provincia de Toledo ha aseverado que puede contribuir a que las medidas sean también “más eficaces”, tanto en su planificación, como en su puesta en marcha y mantenimiento en el tiempo que sea necesario.
Por ello, ha solicitado que se le informe de las medidas que se han tomado en relación a la pandemia y la salud del personal al que representa, incluidos los equipos de protección facilitados y los servicios mínimos establecidos en los centros.
Asimismo, ha pedido conocer las previsiones que se tengan respecto a la desescalada para poder colaborar en su definición, puesta en marcha y ejecución.
De igual modo, ha reclamado información sobre las medidas contempladas y previstas para el personal considerado “de riesgo o especialmente sensible” y conocer qué grupos se han incluido en esta calificación.
Finalmente, ha demandado que se revisen las condiciones, medios y normativa del teletrabajo para adecuarlo a las necesidades actuales y con participación sindical.
El acuerdo, alcanzado por todos los sindicatos presentes en la Junta de Personal (STAS-Intersindical, CSIF, CCOO, UGT y USO), obedece a dos cuestiones principales.
Por un lado, la voluntad de la Junta de Personal de ser un “elemento activo” en la lucha contra la pandemia y la protección de la salud de los funcionarios y, por otro, paliar la “improvisación, falta de rigor y de información” que, en su opinión, ha mostrado la Dirección General de la Función Pública hasta el momento.
