El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha vuelto a dar la razón al Ayuntamiento de Talavera de la Reina respecto a la sentencia sobre la liquidación del convenio urbanístico suscrito para la ejecución y liquidación de la Estación de Autobuses con las entidades reclamantes, JHH Activos Inmobiliarios y El Corte Inglés, por unos 3,2 millones de euros.
La portavoz municipal, Flora Bellón, ha dado cuenta este miércoles en rueda de prensa para informar de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local que ha sido desestimado el recurso de apelación de las entidades que suscribieron el convenio con el Consistorio, al que se le da la razón en cuanto a la liquidación efectuada.
Ha avanzado que esta sentencia es susceptible de recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo (TS) por lo que ha emplazado a esperar para ver si se interpone o no y, en caso afirmativo, también esperar a ver si se resolviera favorablemente o no.
De esta forma, ha optado por la "prudencia", a la espera de "la resolución firme o definitiva", porque "no queremos adelantarnos como ya hizo el anterior Gobierno" que, ha criticado Bellón, "presupuestó los más de 3,2 millones de euros como derecho reconocido en el presupuesto de 2015 y se lo gastó, pero sin conocer todavía las resultas de un procedimiento judicial que es largo y que no ha sido resuelto definitivamente".
En dicho acuerdo, ha recordado, las partes se comprometieron a ejecutar la Estación de Autobuses y ponerlo a disposición del ayuntamiento a cambio de una concesión de derecho de superficie para la construcción de centro comercial.
"Una vez se terminaron las obras materiales, se procedió a realizar la tasación y liquidación final, y ahí es donde surgieron las discrepancias entre las partes", ha ampliado la portavoz.
En concreto, ha confirmado, se tramitó el expediente, con todos los informes, y por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de junio de 2015 la liquidación resultó a favor del ayuntamiento por un importe de 3.236.686 euros, acuerdo que fue ratificado en Pleno y después llevado a los tribunales por las entidades que lo suscribieron con el Consistorio.
La portavoz municipal ha concluido que hubo una primera sentencia, del juzgado de lo contencioso administrativo, que desestimó la demanda que se interpuso y "avaló el convenio que se había suscrito en 2001, la actuación del Ayuntamiento y que el trabajo estaba bien hecho".
