El Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCM) llegó a pedir en tres autos al expresidente de la Diputación de Toledo Arturo García-Tizón que paralizase el proyecto de Ciudad de Vascos y, en el último, llegó a advertirle de que, si no lo hacía, recurriría a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "para obligarle a acatar las resoluciones judiciales".
Así lo ha indicado el vicepresidente de la Diputación de Toledo Santiago García Aranda en una rueda de prensa para hablar sobre dicho proyecto, después de que el pasado día 14 se conociese la sentencia del TSJCM que anula el acuerdo del Consejo de Gobierno de abril de 2014 que declaraba la urgente ocupación de terrenos en el enclave arqueológico de Ciudad de Vascos para realizar un proyecto que incluía una ruta fluvial en el río Huso.
García Aranda -que ha comparecido junto al también vicepresidente provincial Fernando Muñoz- ha hecho un análisis de esta sentencia que da la razón a la propietaria particular de uno de los terrenos afectados por el proyecto y que también "ratifica", ha dicho, todos los argumentos esgrimidos por el PSOE en su contra.
Y ha llamado la atención sobre el hecho de que, antes de que el TSJCM dictase esta sentencia, ya había emitido tres autos, con fecha de noviembre de 2014, marzo de 2015 y mayo de ese mismo año, y que no fue hasta el 29 de mayo, cuando García-Tizón, ya celebradas las elecciones municipales y como presidente de la Diputación en funciones, ordenó la paralización del procedimiento.
García Aranda ha recalcado que tres meses después del primer auto, en el que se conminaba a la Diputación Provincial a paralizar cautelarmente la expropiación de los terrenos, "el señor Tizón adquirió el buque", que contemplaba su proyecto de Ciudad de Vascos para crear una ruta fluvial, además de un nuevo centro de interpretación, cafetería, aparcamiento y otros servicios.
En el segundo auto, ha proseguido García Aranda, se le advertía de que podía estar incurriendo en "un delito de desobediencia" por no acatar las resoluciones judiciales y, en el último, se le comunicaba que, si seguía en esta actitud, se recurriría a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para obligarle a cumplir.
Un año después, el tribunal superior de la región "da la razón" a la propiedad de los terrenos y desmonta las "falacias" utilizadas por García-Tizón para justificar su proyecto, como que el centro de interpretación existente en el yacimiento se encontraba muy alejado de las ruinas arqueológicas, ha dicho García Aranda.
Y ha apostillado que "lo que le ha dicho el TSJCM a García-Tizón es que si pretendía construir un nuevo centro de interpretación por la supuesta falta de operatividad del anterior, construido en 1999, no se justificaba el argumento de la urgencia", ya que podía haberse realizado antes.
En cuanto a la mayor promoción económica y turística que el nuevo 'Ciudad de Vascos' supondría para la zona, el TSJCM considera que "no está justificado ni apoyado el incremento de la afluencia de turistas" que conllevaría y da la razón también a la propiedad en su planteamiento de que el proyecto podría tener intereses electoralistas y suponer "una desviación de poder" hacia este fin, ha subrayado García Aranda.
Por su parte, Muñoz ha tachado de "auténtico varapalo para Cospedal y García-Tizón" la sentencia del TSJCM contra un proyecto que ha calificado como "el de las tres 'd': el despilfarro, el despropósito y la desviación de poder con fines electoralistas".
Preguntados por las acciones que tiene previsto llevar a cabo el PSOE tras esta sentencia, han explicado que están a la espera de conocer el informe de los expertos del estudio de viabilidad que solicitó el actual equipo de gobierno de la Diputación para tomar cualquier decisión, para lo que tendrán en cuenta también la opinión de Ciudadanos y Ganemos-IU.
Ha subrayado también García Aranda que la decisión que adopte la actual corporación provincial "será una decisión fundada en criterios técnicos, administrativos y económicos" y no "a la ligera" como la que llevó a cabo el anterior presidente provincial al comprar un buque, del que ya se ha pagado el 70 por ciento, cuando nisiquiera solicitó a la Confederación Hidrográfica del Tajo la autorización de navegabilidad.
Así, ha concluido García Aranda, "estamos ante un proyecto que contemplaba una inversión de 6 millones de euros, de los que ya se han comprometido 3 y pagado 1,5 millones, en los que está incluido el 70 % del coste del buque, ya terminado y a la espera de ser entregado en el propio río Huso" para que su propietario, que está "ojiplático", según García Aranda, pueda cobrar el 30 por ciento restante.
