El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha señalado que no es competente para investigar a los miembros de la banda Dominican Don't Play (DDP) presuntamente implicados en el asesinato de un joven de 25 años el pasado 5 de febrero en el distrito de Usera de Madrid, devolviendo de esta forma las pesquisas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 de Illescas, en Toledo.
En un auto de este miércoles, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 argumenta que los hechos investigados y que se derivan de la 'operación Bacano' iniciada por la Guardia Civil no encajan en los supuestos que determinan la competencia de la Audiencia Nacional.
Todo ello después de que el citado juzgado de Illescas incoase diligencias por un homicidio en grado de tentativa en el que resultaron investigados cinco miembros de la banda latina. El juzgado se inhibió la pasada semana en favor de la Audiencia Nacional al entender que los hechos se podrían tipificar como homicidio, falsificación de moneda o tráfico de sustancias estupefacientes, todos ellos competencia de la Audiencia Nacional.
Así, el magistrado se alinea con la Fiscalía y cita doctrina del Tribunal Supremo sobre la materia, apuntando que para determinar la competencia de la Audiencia Nacional con relación a los delitos de tráfico de drogas y de falsificación de moneda se exige que se cometan en el marco de una organización criminal y respecto al tráfico de drogas, que la actividad afecte a diversas provincias, lo que no ocurre en el presente caso.
En este contexto, el juez señala que las pesquisas se refieren a un modo de actuación jerarquizado por parte de los miembros de la banda, pero añade que no se ha acreditado que en la comisión de los delitos de tráfico de drogas y falsificación de moneda se opere con los requisitos exigidos para su imputación en el marco de una organización criminal.
ATAQUE TRAS BAJARSE DEL AUTOBÚS
"No se acredita que la finalidad de la referida organización sea la comisión de estas dos actividades delictivas, sino que las mismas se imputan como resultado de las intervenciones de comunicaciones y del registro, pero de manera instrumental a las actividades realizadas por los miembros de la organización", argumenta Pedraz.
En definitiva, concluye el juez, "no existe informe que señale cual es la distribución de las tareas para la falsificación de la moneda por lo que se adolece de este requisito". Esa es la razón por la cual considera que la competencia para investigar los hechos es la del juzgado de instrucción del lugar donde se cometieron.
Los mismos sucedieron el pasado 20 de abril de 2021 en Seseña, cuando un joven fue abordado al bajarse del autobús por A.C.A.C., J.P.R.M., R.G.V., V.E.C. y L.A.P.D. A raíz del ataque se produjeron las investigaciones que dieron lugar a la apertura de las diligencias, de manera que se logró identificar a las personas que formaban parte, presuntamente, de la banda DDP, concretamente del coro formado en Seseña, que constituiría una escisión de la rama de Villaverde, en Madrid.
Autorizadas las intervenciones telefónicas precisas y teniendo en cuenta el resultado de la investigación, se autorizó la entrada y registro de varios domicilios de los investigados, así como en las celdas del centro penitenciario de Ocaña I donde se hayan en prisión provisional dos de los investigados.
Así, y dada la existencia de indicios de que se encontraban dando instrucciones desde la cárcel a los considerados segundos en el escalafón del coro, concretamente por parte de A.C.A.C. a A.S.T. y H.M.M.S., todo ello desembocó en la puesta a disposición del Juzgado de los 11 detenidos en la operación 'Bacano'.
