lunes 25.05.2020

Los sindicatos exigen conocer la partida consignada para el Hospitalito del Rey

CCOO, UGT, CSIF y STAS piden abrir el Hospitalito del Rey con gestión pública y acusan a Junta de "no parar de mentir"
Los sindicatos exigen conocer la partida consignada para el Hospitalito del Rey
Los sindicatos exigen conocer la partida consignada para el Hospitalito del Rey

Los sindicatos de la función pública han exigido este jueves al Gobierno regional que diga cuál es la cuantía exacta de la partida destinada al Hospitalito del Rey, de Toledo, en el Plan de Infraestructuras Sociales para 2020, y han reclamado su reapertura como centro público, con personal público.

Representantes de los cuatro sindicatos que representan al personal laboral en la Junta de Comunidades, CCOO, UGT, STAS y CSIF, se han concentrado esta mañana para reclamar que se abra de nuevo este centro de mayores y han solicitado al Gobierno regional que aclare "cuáles son sus intenciones" en relación a los servicios sociales, que quieren que sigan siendo de calidad y con gestión pública.

Los representantes sindicales han mantenido, como ya hicieron hace unas semanas, que no hay dinero presupuestado en 2020 para la reapertura de la residencia y han cuestionado la explicación de la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, de que el presupuesto para el Hospitalito del Rey está incluido en el Plan de Infraestructuras Sociales para 2020, en el que no se especifican las cuantías para cada centro.

Esta afirmación de la consejera es "incierta", según ha dicho Gustavo Fabra, de STAS, que ha subrayado que "estamos convencidos que el Plan de Infraestructuras Sociales está desarrollado por centros que van a tener una inversión en el 2020, porque si no, la Consejería de Hacienda no admitiría esa partida", por lo que quieren conocer cuál es "la cuantía exacta" consignada para el centro.

También han criticado las diferencias que mantienen el Ayuntamiento de Toledo y la Junta de Comunidades en relación a la licencia de obras y a la licencia de apertura del centro, ya que consideran que todo este "barullo burocrático y administrativo" pone de manifiesto "la falta de voluntad política para abrir esta residencia".

En este sentido, han demandado que el Hospitalito de Rey se reabra como residencia de mayores, con gestión totalmente pública, para las personas que viven en el casco histórico de Toledo, como acordó el Gobierno regional con los sindicatos de la función pública en el 2011, que luego se refrendó en las Cortes de Castilla-La Mancha "y que ahora intentan vulnerar", ha aseverado Fabra.

Y ha avisado: "Vamos a ir hasta el final, ellos sabrán si quieren una inauguración aplaudiendo o si quieren un conflicto continuo durante toda la legislatura, la gente está harta, esto es una estafa, la consejera no ha parado de mentir y exigimos que diga la verdad y que asuma sus responsabilidades".

Por su parte, Luis Manuel Monforte, secretario regional del sector autonómico de la FSP-UGT de Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, ha indicado que los cuatro sindicatos de la función pública se han concentrado "para denunciar una vez más la mala gestión del Gobierno de García-Page en cuestión de bienestar social".

"Estamos ya cansados de mentiras, de malas intenciones, y pedimos que nos digan de una vez las intenciones que tienen con los servicios sociales, ya que temen que su intención sea privatizarlos, como ha ocurrido con la residencia 'Quijote y Sancho' de Torrijos (Toledo), ha apuntado Monforte, que ha solicitado: "Pedimos y exigimos al Gobierno de García-Page que sea claro y que defienda los servicios públicos de calidad".

En similares términos se ha expresado Juan Bautista González, de CCOO, quien ha señalado que "la parte social está absolutamente indignada con la falta de transparencia y el oscurantismos con los que se están llevando los procedimientos que tienen que ver con las residencias de mayores, especialmente con el Hospitalito del Rey".

A su vez, Victoria Ortíz, de CSIF, ha criticado que se estén haciendo centros con dinero público que luego se privatizan o se da su gestión a empresas de carácter semipúblico, "para hacer un trabajo que correspondería a empleados públicos que han entrado a través de una oposición".

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