La localidad de Sallent de Gállego (Huesca) volverá a recordar el próximo sábado a los guardias civiles Irene Fernández, asturiana, y José Ángel de Jesús Encina, talaverano, que fueron asesinados por ETA el 20 de agosto de 2000.
Aquel día, sobre las seis de la mañana, un estampido seco despertó a los vecinos de Sallent que con horror pudieron comprobar el sangriento resultado del atentado del que habían sido objeto los dos jóvenes agentes destinados en el puesto.
Una bomba lapa adosada a los bajos del vehículo todoterreno con el que se disponían a salir de patrulla dejó un cráter en el suelo así como daños en vehículos e inmuebles próximos, pero sobre todo provocó un profundo dolor y una indignación que recorrió todos los rincones del país en unos pocos minutos.
Irene Fernández Pereda, natural de Quirós (Asturias), había ingresado cinco años antes en la Guardia Civil y desde hacía tres estaba destinada en Sallent.
Tenía 32 años en el momento en que la bomba colocada por ETA le segó la vida, le cortó de un solo golpe todos sus proyectos vitales y le convirtió en la primera agente asesinada por la banda terrorista.
Su compañero José Ángel de Jesús Encina sólo tenía 22 años cuando la bomba de ETA frenó en seco todas sus expectativas vitales, entre otras integrarse en los grupos de rescate de montaña de la Guardia Civil.
La muerte de este joven provocó una gran consternación en Talavera de la Reina, la ciudad en la que 12.000 personas salieron a la calle al día siguiente, el 21 de agosto de 2000, en señal de repulsa y dolor.
Cuatro años más tarde, en vísperas de las Navidades de 2004, un nuevo pabellón polideportivo talaverano fue inaugurado con su nombre, el ´José Angel de Jesús Encinas´.
Según revela el sumario que enjuició el caso, la noche antes de la bomba dos miembros del comando "Totto" de ETA, Asier Arzalluz Goñi y Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, colocaron el dispositivo que hizo saltar por los aires el vehículo.
Fue el dirigente etarra Francisco Javier García Gatzelu "Txapote" quien les informó que el coche oficial "dormía" en la calle por falta de espacio en el puesto, relata la sentencia dictada por la Audiencia Nacional.
El cuartel de Sallent ya había sido objeto en el verano de 1997 de un atentado calificado como "chapucero" por los investigadores que sólo causó daños materiales de escasa importancia en el entorno del puesto.
Los servicios de información de la Guardia Civil habían detectado tiempo antes que la banda terrorista disponía en el Pirineo de una infraestructura de apoyo humana y logística al servicio de los comandos cada vez que la requerían.
Papeles incautados previamente a los terroristas incluían, sin embargo, como verdaderos objetivos de ETA los cuarteles de Ayerbe y Canfranc o la propia Comandancia de la Guardia Civil en Huesca.
