El fiscal pide 6 años de cárcel para la administradora de tres empresas fotovoltaicas y el administrador de una cuarta, todas ellas con domicilio en Olías del Rey (Toledo), por estafar al administrador de nueve mercantiles fotovoltaicas a las que causaron un perjuicio de 1,2 millones de euros.
Según el fiscal, los acusados acordaron en 2007 con este administrador poner en funcionamiento once plantas fotovoltaicas, tres de las cuales eran para los propios acusados y ocho, de 90 kilowatios, para las restantes nueve mercantiles.
De acuerdo con lo pactado, uno de los acusados, C.F.R.P., debía encargarse de tramitar los permisos necesarios y adquirir algunos materiales para la construcción de las plantas.
Durante los años 2007 y 2008 los acusados pidieron al administrador de las nueve mercantiles cantidades de dinero superiores a los materiales que iban adquiriendo.
Ante los elevados costes les pidieron que rindieran cuentas del coste de las obras y en enero de 2010 los dos acusados mandaron por correo electrónico facturas que habían sido falsificadas de las originales emitidas por los proveedores.
Según el ministerio público, los dos acusados elevaron el importe real de los materiales adquiridos, con lo que han causado un perjuicio total a las nueve mercantiles de 1,2 millones de euros.
Los acusados de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa, que serán juzgados el miércoles 28 de febrero en la Audiencia Provincial de Toledo, son A.I.G.O. y C.F.R.P.
Además de los seis años de prisión para cada uno y una multa de doce euros diarios durante doce meses, el fiscal pide que indemnicen de forma conjunta a las mercantiles perjudicadas con 1,2 millones de euros más los intereses legales.
