lunes 17/5/21

Piden 10 años a 2 acusados de suscribir contratos de casas que no se hicieron

Piden 7 años para cada uno de los tres acusados de introducir chinos en España. En la imagen de archivo la Audiencia Provincial de Toledo donde serán juzgados
En la imagen de archivo la Audiencia Provincial de Toledo donde está previsto se celebre la vista esta semana

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará el martes, 24 de enero, a dos acusados --administradores de una sociedad mercantil-- de un delito continuado de estafa por suscribir en el año 2007 contratos de compraventa y documentos de reserva de derechos de adquisición de viviendas, las cuales no se llegaron a construir en la localidad toledana de Yepes.

Según el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, A.A.M y D.D.T, actuando como administradores mancomunados de la sociedad mercantil PROINFI Proyectos e Inversiones S.L con la idea preconcebida de obtener un beneficio económico ilícito suscribieron estos documentos, obteniendo anticipos por un valor total de 97.000 euros.

Los acusados suscribieron con cuatro personas dos documentos de reserva de derechos para la adquisición de vivienda valorados en 20.385 euros y 19.989, respectivamente.

Asimismo, según describe el Fiscal en su escrito, los acusados suscribieron con cuatro personas más contratos de compraventa, por lo que percibieron cantidades --en concepto de anticipo-- de 24.134 euros; 15.550 euros; 16.990 euros y 23.359 euros. A pesar de los pagos realizados por parte de los compradores, nunca se les entregó la vivienda objeto del contrato.

En todos los contratos modelo de reserva se señalaba que "una vez obtenida la licencia de obra", que la mercantil comunicararía por escrito dicha circunstancia, emplazando a las partes a la firma del contrato privado de compraventa. Sin embargo, los acusados redactaron un contrato de compraventa de vivienda en el que exponían, siendo conocedores de que no se había obtenido ningún tipo de licencia, "que las obras se estaban ejecutando habiéndose obtenido las licencias y autorizaciones legalmente exigibles".

Así las cosas, en mayo de 2008 esta empresa emitió un comunicado poniendo en conocimiento de los denunciantes que "las obras de construcción no habían podido iniciarse hasta la fecha", justificando que el motivo era "la falta de otorgamiento de la pertinente licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Yepes".

Además, según el escrito de acusación de la Fiscalía, en todos los contratos suscritos se establecía la garantía de las entregas a cuenta realizadas mediante un aval bancario, que a sabiendas de los acusados, era "inexistente".

Por todo ello, el fiscal pide cinco años de cárcel para cada uno de los dos acusados, doce meses de multa con cuotas diarias de doce euros y una indemnización a los acusados de unos 97.000 euros en total.

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