El grupo popular en el Ayuntamiento de Toledo ha pedido a la alcaldesa, Milagros Tolón, que dedique parte del superávit a la retirada del amianto del barrio de Santa María de Benquerencia, después de que la liquidación de 2017 haya dado como resultado un superávit de 12.490.720 euros.
En un comunicado, el grupo popular ha hecho esta petición tras conocer que el Consistorio aprobó ayer destinar 10,5 millones de euros, el 84 por ciento del superávit correspondiente al ejercicio 2017, a inversiones en obras financieramente sostenibles.
El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Jesús Labrador, ha asegurado que si realmente existe un superávit de más de 10 millones de euros como afirma el equipo de Gobierno es por dos motivos: "porque no se ha ejecutado el presupuesto y porque Tolón masacra a impuestos a los toledanos".
Y ha señalado que nadie entiende por qué la alcaldesa se niega a bajar los impuestos, si todos los años se está produciendo "un superávit millonario".
Labrador ha considerado "excesivos" los impuestos que pagan los ciudadanos y ha añadido que se recauda "mucho más de lo necesario" para cubrir los servicios que se prestan, por lo que, a su juicio, "es posible bajarlos".
Además, ha pedido a la regidora "que no malgaste estos millones en chapuzas y parcheados" y que dedique parte de este superávit a retirar el amianto del barrio de Santa María de Benquerencia por ser "un problema sanitario".
Por otro lado, el dirigente 'popular' ha criticado la actitud "hipócrita" de los socialistas, tras retirar en el Senado las enmiendas que afectan a la ciudad por más de siete millones de euros para la creación de un instituto de medicina legal, la autovía Toledo-Ocaña o el plan director del Museo de Santa Cruz, entre otras.
Para Labrador, la retirada de estas enmiendas ponen de manifiesto que los socialistas "solo buscaban el desgaste de un gobierno de otro partido y no la defensa de los intereses de los ciudadanos".
Además, el dirigente del PP se ha referido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) que dictamina que hay que revisar los ingresos que el Ayuntamiento ha obtenido por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) desde el 2008 al 2011.
En su opinión, esto demuestra "la falta de verdad" del equipo de Gobierno, que aseguraba que la anulación del Plan de Ordenación Municipal (POM) no iba a tener repercusión negativa alguna para la ciudad y, en cambio, "supondrá la devolución de recibos millonarios a los afectados".
