jueves 6/8/20

Diputación de Toledo insta a Interior y Justicia a actuar contra las ocupaciones ilegales

El presidente de la Diputación de Toledo y alcalde de Escalona requiere a Fernando Grande Marlaska Gómez y Juan Carlos Campo Moreno que procedan de forma eficaz contra las ocupaciones ilegales de viviendas y que se aplique el Código Penal a quienes las perpetran
El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, en su despacho en el Palacio Provincial
El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, en su despacho en el Palacio Provincial

El presidente de la Diputación de Toledo y alcalde de Escalon, Álvaro Gutiérrez, ha requerido al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, que actúen contra las ocupaciones ilegales de viviendas que se están registrando en la provincia de Toledo y que se aplique el Código Penal a quienes las perpetran.

En nota de prensa, la Diputación de Toledo ha informado de que han sido remitidas sendas cartas trasladándoles "la profunda preocupación, cercana a la desesperación, que muchos alcaldes" la provincia experimentan "desde hace años" ante los okupas y que “se ha convertido en un verdadero problema social que conlleva malestar ciudadano, comisión de delitos, actividades incívicas, falta de convivencia e inseguridad”.

El presidente de la institución provincial ha relatado cómo los sujetos entran violentamente en viviendas que no son suyas, hacen conexiones ilegales a las redes de energía y agua y amenazan a los vecinos, sin que la actuación de las compañías eléctricas, los ayuntamientos o la Guardia Civil puedan solucionar esta situación delictiva. 

Ante esta situación, Gutiérrez ha pedido "amparo y reflexión" y ha rogado a Grande-Marlaska y a Campo Moreno que, cada uno desde sus departamentos, hagan "todo lo necesario para que las fuerzas del orden, los cuerpos de seguridad del Estado puedan dar respuesta policial a esta serie de actos que han de ser calificados de delictivos".

El presidente de la Diputación ha finalizado el escrito resaltando que "la defensa de los derechos ciudadanos ha de provenir del Estado de Derecho, no de la organización vecinal que es lo que está ocurriendo". 

De hecho, ha alertado que eso "es muy peligroso para el propio Estado".

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