El incendio en el cementerio ilegal de neumáticos de Seseña (Toledo), del que este domingo se cumplen dos años, no fue una catástrofe sin más sino que despertó las conciencias y alentó la necesidad de algunos cambios, que han llevado a una mayor inspección y a una mejor gestión de residuos en Castilla-La Mancha.
El 13 de mayo de 2016 el incendio en el vertedero de neumáticos, que afectaba a las provincias de Toledo y Madrid, no solo hizo saltar las alarmas entre los vecinos de 'El Quiñón', la famosa urbanización construida por Francisco Hernando 'El Pocero' y a solo medio kilómetro de las llamas, sino que también fue un punto de inflexión para las administraciones implicadas en relación a las políticas medioambientales.
"A partir del incendio se fue un poco más consciente del peligro medioambiental o de salud pública que podía constituir un incendio de un gran acumulo", ha reconocido en declaraciones a Efe el viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades, Agapito Portillo.
En la actualidad, lo que fue el cementerio ilegal de ruedas más grande de España es ahora una zona limpia que fue vallada después del análisis de suelos que se realizó para comprobar que no estaban contaminados, aunque sí albergaban restos de hidrocarburos como consecuencia de la quema de los neumáticos que pueden haberse ya degradado y descompuesto.
La Junta de Comunidades no ha actuado posteriormente porque los terrenos tienen una titularidad privada por parte de unas empresas, a pesar de que hasta el momento no han reclamado el acceso a su propiedad.
En este punto, el viceconsejero ha matizado que si las empresas reclaman, los servicios jurídicos decidirán "si les ceden los terrenos tal cual o si les repercuten algunas de las cuestiones de gastos que ha conllevado el hecho de que estén en un estado de limpieza adecuado", ha precisado.
No obstante, antes del incendio, el depósito de neumáticos usados era ya un problema para esta región así como otros más pequeños que existen en Castilla-La Mancha, porque, tal y como señala el viceconsejero, "no había un sistema de gestión establecido".
Sin embargo, una legislación nacional de 2005 introdujo una serie de cambios que conllevaron que al comprar un neumático se pague una tasa en la factura para la gestión, el reciclaje, la reutilización o el vertido controlado, en su caso, por parte de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor.
Además, medio año después del incendio, el Ejecutivo regional publicó la estrategia del Plan Integral de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, en el que se incluye la gestión de los neumáticos con la finalidad de que la mayor parte se pueda reutilizar como subproducto de otras nuevas actividades.
Esta estrategia se enmarcará en la próxima Ley de Economía Circular, que en estos momentos está en los servicios jurídicos, con el objeto de fomentar la reutilización y reciclaje de todo tipo de residuos y la disminución de los que van a vertido a través de la implantación de un canon o tasa por tonelada, la generación de unas fianzas que cubran incidentes y un sistema de seguros.
Pero sobre todo, el viceconsejero de Medio Ambiente ha destacado que, a raíz del incendio de Seseña, fueron autorizadas 12 plazas de inspectores en Castilla-La Mancha para ejercer una inspección más profunda de control de los residuos, a lo que se suma la colaboración de los agentes medioambientales y, de manera puntual, del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
En cuanto al resto de vertederos de neumáticos de la región, unos ocho, de menor entidad que el de Seseña, la Consejería de Medio Ambiente ha iniciado un procedimiento para exigir a los titulares de parcelas o naves con neumáticos que procedan a la eliminación y gestión adecuada de los mismos, por lo que el responsable regional de Medio Ambiente confía en que "antes de que termine la legislatura todo el proceso estará terminado".
Para ello, algunos titulares han empezado a gestionar la retirada y eliminación de los neumáticos por su propia cuenta, otros pequeños vertederos ya han desaparecido, y algunos de los propietarios de depósitos más grandes han autorizado judicialmente a la Consejería para que ejecute la gestión de manera subsidiaria.
En definitiva, los hechos ocurridos hace dos años en Seseña han demostrado, en opinión de Agapito Portillo, que "hay que estar más encima de la gestión que se hace de los residuos porque se pueden escapar situaciones que, por falta de medios, no se controlan, por lo que hay que poner más medios a disposición de la Administración para realizar el control".
En cuanto a la investigación, la Guardia Civil señala que la investigación sigue su curso y que, de momento, no hay novedades, mientras que en el plano judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid señala que el caso está siendo investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Valdemoro, que fue donde se inició el incendio.
Estas mismas fuentes recuerdan que hay una persona investigada por este hecho e informan de que se está a la espera de que se practique alguna diligencia, como por ejemplo la identificación de una persona que se ve en una furgoneta en las inmediaciones del incendio, tomadas por una cámara de seguridad.
En el plano político, las Cortes de Castilla-La Mancha constituyeron el 11 julio de 2016 la Comisión no Permanente de Investigación entorno al vertedero de neumáticos de Seseña, que no se ha llegado a reunir.
