Confirman seguir la causa contra 104 personas por la red criminal de Gao Ping

Que utilizaba como base de operaciones naves industriales de Seseña (Toledo) y Fuenlabrada (Madrid)

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez José Luis Calama de seguir contra 104 personas la causa de la Operación Emperador en la que fue desarticulada una supuesta organización criminal presuntamente liderada por el ciudadano chino Gao Ping, que utilizaba como base de operaciones naves industriales de Seseña (Toledo) y Fuenlabrada (Madrid).

En un auto, la Sala rechaza los recursos presentados por Gao Ping y otros 29 de los investigados contra la resolución del pasado 8 de julio en la que el juez instructor acordó continuar la tramitación de la causa por el procedimiento abreviado por supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y falsificación de documentos mercantiles y públicos.

El tribunal confirma los indicios apreciados por José Luis Calama y considera que su resolución "resulta acertada y correcta con independencia de lo que resulte de la celebración en su caso del juicio", en la que los investigados podrán reproducir sus argumentos de fondo.

Añade que el juez "concluyó que existían indicios racionales para considerar que los encausados formaban parte de una compleja macroorganización criminal internacional encabezada por Gao Ping y compuesta por puestos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo único propósito era llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales".

Relataba que los investigados constituyeron un entramado de sociedades pantalla al frente de las cuales se situaba a diferentes testaferros y confeccionaban los correspondientes documentos mercantiles y públicos necesarios para dar soporte a sus actividades ilícitas.

La operación Emperador destapó una macrorred de fraude fiscal y blanqueo en la que presuntamente participaron empresarios, policías, guardias civiles.

Una de las vías que supuestamente utilizaba la trama consistía en la recogida de dinero centralizada en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) para su posterior remisión al exterior.

Según explicó el juez instructor, en un primer escalón las red contaba con ciudadanos chinos afincados en España que importaban unos mil contenedores anuales de artículos de bazar desde su país y los distribuían a través de 39 sociedades instrumentales, con dos contabilidades paralelas para eludir el pago de impuestos.

Registraban un número menor al real de artículos importados y declaraban productos distintos a los reales. El material se centralizaba en naves industriales, en Fuenlabrada y Seseña (Toledo), para ser distribuido en todo el territorio nacional.

Esta primera trama cobraba las mercancías en efectivo y transfería mensualmente a cuentas bancarias extranjeras entre 4 y 5 millones de euros.

El segundo bloque estaba integrado por intermediarios que cobraban comisiones de entre el 2 y el 3 por ciento por facilitar la salida al extranjero del dinero de la trama.

La tercera trama, según el auto, estaba formada por ciudadanos chinos que realizaban envíos masivos de dinero a China camuflado en falsas remesas de inmigrantes, tanto por carretera como por vía aérea.

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