Un auto judicial autoriza al Ayuntamiento de Talavera a desalojar el matadero municipal

El auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo de fecha 15 de noviembre de 2022 autoriza el desalojo de los ocupantes (Gypisa) del edificio y su toma de posesión
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Un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo ha autorizado al Ayuntamiento de Talavera de la Reina al desalojo de los ocupantes (Gypisa) de las instalaciones municipales del matadero y a entrar en las mismas, algo que ha ocurrido esta misma mañana.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de la ciudad ha asegurado que toda la tramitación administrativa relativa al desalojo de Gypisa de las instalaciones del matadero municipal se ha llevado a cabo con un "escrupuloso respeto por la legalidad y la transparencia, velando por los intereses de la ciudad", por lo que siempre “cumplirá y hará cumplir la ley”, ha aseverado.

También ha manifestado que en estos momentos, "no existe ninguna resolución judicial que impida al Ayuntamiento la toma de posesión o entrada al inmueble" y ha recordado que, hasta la fecha, todas las resoluciones judiciales que han sido dictadas -un total de seis- han dado la razón al Consistorio.

Igualmente, ha señalado que el Consistorio ha actuado en todo momento en cumplimiento de los citados autos y sentencias, por lo que ha indicado que el Ayuntamiento "seguirá velando por los intereses de la ciudad", puesto que, por encima de todo, "cumplirá y hará cumplir la ley".

El Ayuntamiento de Talavera ha recordado que Gypisa no concurrió a la licitación en el procedimiento administrativo para continuar desarrollando la actividad en el matadero municipal, aunque ha denunciado que ha seguido ocupando estas dependencias generando "pérdidas económicas para todos los talaveranos".

El Consistorio talaverano ha señalado que la empresa Gypisa lleva ocupando desde abril de 2022 de manera irregular las citadas instalaciones y, pese a que el Consistorio le requirió para la entrega de las llaves, esta hizo caso omiso al mismo, lo que obligó al Ayuntamiento a pedir el auxilio judicial.

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