La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha llevado a cabo diez actuaciones relacionadas con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado durante el mes de noviembre. Entre ellos, se encuentra un informe sobre la inactividad de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para resolver la solicitud de autorización administrativa y declaración de impacto ambiental de una instalación fotovoltaica en Casarrubios del Monte (Toledo).
De igual modo, han tenido que analizar las reservas profesionales que imponen varios ayuntamientos a la hora de realizar determinadas actividades. En concreto, el organismo presidido por Cani Fernández ha emitido seis informes sobre reservas profesionales impuestas por la Generalitat Valenciana, los Ayuntamientos de Estepa, Avinyó y Monzón, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y la Agencia Pública Andaluza de Educación.
Asimismo, la CNMC ha emitido un informe sobre la restricción al acceso y ejercicio de la actividad económica que afecta a la feria agrícola de Portugalete (Vizcaya) y otro sobre la inactividad de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para resolver la solicitud de autorización administrativa y declaración de impacto ambiental de una instalación fotovoltaica en Casarrubios del Monte (Toledo).
Por otro lado, la CNMC ha emitido dos informes sobre la barrera a la actividad económica que supone la inactividad de los Ayuntamientos de Loeches (Madrid) y Bélmez (Córdoba) a la hora de emitir una cédula urbanística y un certificado de compatibilidad urbanística, solicitados para instalar una gasolinera en los municipios.
