El Ayuntamiento de Toledo se encuentra expectante ante la "difícil situación" que se ha generado después de que el Tribunal Constitucional haya declarado nulos varios aspectos del cálculo del impuesto municipal de plusvalía, ya que conlleva que las arcas municipales dejen de ingresar 5,2 millones al año.
En declaraciones a Efe, el vicealcalde de Toledo y concejal de Urbanismo y Vivienda, Hacienda, Patrimonio y Contratación del Consistorio toledano, José Pablo Sabrido, ha admitido que la nulidad de este impuesto "afecta de manera importante a los ingresos" del Ayuntamiento y por ello ha pedido al Ministerio de Hacienda y al Congreso de los Diputados que den "una solución urgente a este tema".
"Tienen que resolver con carácter inmediato la financiación del próximo año", ha urgido Sabrido que ha propuesto también hacer un análisis más en profundidad para que "se resuelva con carácter definitivo" la financiación local.
Tras conocerse este martes la decisión del Tribunal Constitucional, Sabrido ha explicado que el Ayuntamiento de Toledo dejará de recaudar ya este impuesto y ha señalado que "hasta que no se conozca la sentencia, los actos que no sean firmes, si los ciudadanos los recurren", el Consistorio tampoco los cobrará, si bien ha advertido de que "en principio, según la sentencia, no será susceptible de devolución" los que ya sean firmes.
"Queremos que el ciudadano esté tranquilo. El Ayuntamiento de Toledo va a ser muy sensible a la situación concreta", ha subrayado el vicealcalde de la ciudad, que ha puesto el Consistorio a disposición de los vecinos que tengan dudas sobre la cuestión.
En cuanto a cómo podría afectar al presupuesto municipal el dejar de ingresar 5,2 millones al año de cara a 2022, ha admitido que se trata de una diferencia que "sería muy importante en la definición del presupuesto", si bien no ha concretado en cómo se traduciría esa resta de ingresos y ha incidido en que el Ayuntamiento se mantiene expectante a la respuesta del Ministerio de Hacienda y del Congreso de los Diputados.
Con todo, ha opinado que "no es lógico dentro de la seguridad jurídica" que el Tribunal Constitucional en 2021 declare nula una ley de 2004, "17 años después, va en contra de cualquier situación de seguridad jurídica que debe primar en relación con los ciudadanos" y por ello ha insistido en que el Ministerio de Hacienda y el Congreso "se den prisa en solucionar este tema", porque "es una cosa urgente".
Asimismo, ha insistido en que, más allá de solventar esta cuestión con rapidez, la financiación de las administraciones locales tiene pendiente una "reforma en profundidad".
