Unos 120 autobuses de la provincia de Toledo se han concentrado esta martes durante 20 minutos a las puertas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en Toledo, para reclamar al Gobierno regional el pago de la deuda, cifrada en 1.300.000 euros, al no dar soluciones para resolver la situación "crítica" del sector.
La concentración, que ha acabado a las puertas de la Delegación provincial de Educación, en la Avenida de Europa, con otro paro de 20 minutos, tras pasar por la autovía y la Avenida de Portugal, "no es para hacer daño a nadie, pues esta mañana se han hecho todas las rutas escolares, y sí por la necesidad que tenemos de cobrar", ha subrayado a los medios de comunicación el presidente de la Asociación de Transporte de Viajeros por Carretera de la provincia de Toledo, Carmelo Casla.
Casla se ha referido al aplazamiento de esta concentración, programada para el pasado día 1, a petición del presidente autonómico, Emiliano García-Page, de cara a buscar una solución que no ha llegado después de 15 días y sendas reuniones con el vicepresidente regional, José Luis Martínez, el día 2, y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, el día 11.
"Nos han transmitido buenas intenciones, pero con eso no se come, y sólo esperamos que se conviertan en hechos, de una vez por todas", ha defendido Casla, quien ha aludido a los retrasos en los pagos y una deuda actual en torno a 1.300.000 euros, después del abono de unos 250.000 euros esta pasada semana.
Casla se ha quedado amargamente de que "el resto de provincias cobran puntualmente y no entendemos por qué Toledo no", donde se computan unas 350 rutas de las más de 600 en toda la región, que atienden unas 70 empresas que suman a unos 1.300 empleados y afectan a más de 4.000 personas.
La primera de las cinco reivindicaciones de la asociación, ha enunciado Casla, es el pago de las rutas escolares a 30 días, "igual que al resto de provincias, porque el año pasado se nos abonaron dos años de retraso", ha sostenido.
También que se les haga efectivo el 25 % pendiente de pago de la indemnización de los contratos de transporte escolar cancelados con la pandemia, en marzo, "cuando se había llegado a un acuerdo para el abono del 50 %, y ahora casi tenemos que negociar desde el inicio".
Además, el pago de las ayudas por aplicar medidas sanitarias "correctas" en los vehículos por el covid-19 que "el Ministerio de Fomento cifró en 20 euros por día y coche, pero que la Administración regional quiere que todo sea a nuestra costa, y eso es imposible de aguantar".
Las dos últimas cuestiones afectan al servicio discrecional, que "trae a los turistas a la región y que está sin hacer nada desde que empezó la pandemia", y al servicio regular, que sigue en activo, aunque se ha reducido más del 20 % por la pandemia, ha estimado.
Aquí, Casla ha reconocido que la Consejería de Fomento ha abonado 1.900.000 euros, pero ha reclamado que el Gobierno regional aplique este año los 9,2 millones de euros que el ministerio, a través del fondo de compensación del virus, ya ha aportado a la región.
"Necesitamos las ayudas ahora, no dentro de dos años, y el ministerio ya ha facilitado a la comunidad unos fondos que son finalistas y tienen que recaer tanto en autobuses de servicios discrecionales como regulares", ha sentenciado.
"ESTAMOS CUMPLIENDO NUESTRO COMPROMISO"
Por su parte, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha lamentado la concentración que ha tachado de injustificada, al asegurar que está cumpliendo con los compromisos adquiridos en su día.
En un comunicado público, ha entendido que "estas protestas no están justificadas" porque la Administración educativa "está cumpliendo" los compromisos adquiridos con el sector.
El Gobierno regional ha precisado que, tras la declaración del estado de alarma, y como fijó el Real Decreto de 17 de marzo sobre medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19, se acordó indemnizar a todas las empresas del transporte escolar con el 50 % del coste del servicio de las rutas suspendidas y que supuso un desembolso aproximado de 3.500.000 euros.
"Hemos sido la única comunidad autónoma que procedió a adelantar por anticipado la mitad de esa indemnización (aproximadamente 1.750.000 euros)", ha referido la nota, que ha ampliado que "el pago de la otra mitad restante está supeditado a que acrediten la realidad de los gastos ocasionados por la suspensión del servicio".
En este punto, ha aseverado que "a pesar de las diferentes prórrogas concedidas a estas empresas, hasta el momento no se ha producido en ningún momento esta justificación" y que la pretensión de sustituirla por una declaración responsable "no es aceptable legalmente".
La Consejería ha añadido otras medidas para ayudar al sector como permitir el fraccionamiento de la garantía definitiva que tienen que depositar para ejecutar los contratos o prorrogar de oficio todas las rutas "aún cuando ya no tuviesen esa posibilidad".
Sobre el retraso de los pagos ordinarios, ha justificado que sí únicamente se ha producido en la provincia de Toledo se ha debido a problemas con la tramitación de las prórrogas de los contratos que "ha requerido su elevación a Consejo de Gobierno".
Ha confirmado que las empresas toledanas que prestan servicio en la provincia ya han percibido 714.000 euros del mes de septiembre, que este mismo martes se abonarán 400.000 euros del mes de octubre y que el resto de este ya está en Intervención para ser abonado en los próximos días.
Sobre las medidas sanitarias a cumplir en los autobuses, el comunicado ha precisado que "no se les han impuesto obligaciones adicionales que requieran compensación económica".
"Limpiar los vehículos una vez al día es algo a lo que ya están obligados según sus contratos y la única exigencia adicional que se les ha hecho es que esa limpieza se produzca con un producto viricida como puede ser la lejía, tal como lo han indicado las autoridades sanitarias", ha recalcado.
Por último, ha sostenido que los responsables de la Administración educativa "están abiertos al diálogo y el acuerdo, siempre respetando los márgenes legales".
