La Diputación de Toledo ha puesto en marcha una convocatoria de subvenciones, dotada con 112.000 euros, para la financiación de los gastos de las entidades locales y organismos autónomos deportivos en la instalación de desfibriladores.
Según ha informado la Institución provincial en nota de prensa, con esta partida se complementa la oferta del ejercicio anterior para que los ayuntamientos de la provincia puedan ampliar el número de desfibriladores en sus instalaciones.
En total, en el año 2017 se instalaron 162 desfibriladores, con una inversión de 249.600 euros, y se realizaron cursos de formación para más de 300 personas, en colaboración con la oficina provincial de Cruz Roja.
Así, la Diputación valoró que la instalación de desfibriladores debería ir acompañada de un "adecuado plan de formación" de reanimación cardipulmonar básico dirigido a las personas que utilicen estos aparatos.
Para los responsables de Deportes, resulta "fundamental" apostar por la salud y el bienestar, en este caso de los deportistas, que por causas propias del ejercicio pueden sufrir lesiones en el corazón, y que gracias a una acción rápida de reanimación y la correcta utilización de un desfibrilador pueden salvar sus vidas.
De este modo, con los desfibriladores se puede realizar una acción inmediata ante posibles causas de muerte súbita de los deportistas provocada, entre otras causas, por la taquicardia ventricular y fibrilación ventricular.
"Y cuanto más rápido se efectúe la desfibrilación mejor es el pronóstico, ya que por cada minuto que se retrasa la misma la supervivencia disminuye entre un 7 % y un 10 %", ha añadido.
La Diputación subvenciona la adquisición de desfibriladores a los ayuntamientos por tramos de población, de manera que asume el coste de un 70 % para municipios menores de 1.000 habitantes; del 65 % para poblaciones entre 1.001 y 2.000 vecinos; del 60 % para la franja de 2.001 a 3.000 habitantes; del 55 % entre 3.001 y 5.000, y del 50 % para las localidades superiores a 5.000 habitantes.
A esta convocatoria podrán acogerse las entidades locales y organismos autónomos administrativos de la provincia, pero no podrán hacerlo los ayuntamientos de grandes ciudades.
