lunes 23/5/22

Declararán como investigados el Gobierno de Toledo del PP que adjudicó el contrato de basuras

En la imagen de archivo, José Manuel Molina, María Dolores Cospedal y Ángel Acebes en un acto del PP en Toledo en el año 2007 - Fotografía: www.elconfidencial.com (Efe)
En la imagen de archivo, José Manuel Molina, María Dolores Cospedal y Ángel Acebes en un acto del PP en Toledo en el año 2007

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Toledo ha citado a declarar como investigados a los siete miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo que adjudicaron el servicio de basuras a la empresa Sufi en el año 2007, por un presunto delito de prevaricación.

La providencia del juzgado, que ha sido adelantada por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso Efe, concreta que el que fuera alcalde de Toledo desde 1987 hasta 1991 y desde 1999 a 2007 y presidente del PP de Castilla-La Mancha desde 1986 a 1999 ha sido citado a declarar el 22 de febrero de 2017, el mismo día que está citado el extesorero del PP en Castilla-La Mancha y exconcejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Toledo, Lamberto García Pineda.

También declarará ese día el que fuera concejal de Participación y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Toledo en ese mandato, Fernando Sanz Domínguez.

El 1 de marzo declararán como investigados la que era concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Toledo, María José Rivas; el que fue concejal de Deportes en ese mandato, Fernando Fernández Gaitán; la concejala de Urbanismo, María Paz Ruiz González, y el que fue concejal de Cultura, Fernando Cirujano Gutiérrez.

Todos ellos declararán como investigados, ya que estuvieron presentes en la Junta de Gobierno Local celebrada el 23 de mayo de 2007, en la que se adjudicó el contrato de recogidas de basuras a la empresa Sufi.

De hecho, este mismo juzgado ya solicitó al Ayuntamiento de Toledo que remitiera íntegramente el acta de la reunión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 23 de mayo de 2007.

El juzgado de Instrucción número 3 de Toledo investiga esta causa después de que el juez Pablo Ruz decidiese en un auto de marzo de 2015 enviar a una juzgado de la ciudad esta parte del caso Bárcenas, tras concluir que la investigación abierta por la concesión del contrato de basuras podría ser constitutiva de un delito de prevaricación administrativa.

Ruz argumentó que debía inhibirse a favor del juzgado decano de Toledo por falta suficiente de conexión con el resto del caso, ya que el propio relato del extesorero del PP Luis Bárcenas desvincula las supuestas aportaciones económicas recibidas por Sufi, filial de Sacyr, de la mecánica de funcionamiento de la caja B del PP.

Bárcenas declaró que la adjudicación del contrato de basura respondió a una donación de 200.000 euros de esa empresa para la campaña electoral autonómica de la expresidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Además, en un informe elaborado por la por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el que se analiza la operación, se implica a Molina como miembro de la junta de gobierno del Ayuntamiento que el 23 de mayo de 2007 ratificó una modificación del contrato.

PP: "ENTRA DENTRO DE LA NORMALIDAD DEL PROCESO"

El PP de Castilla-La Mancha ha considerado que la citación como investigados por un presunto delito de prevaricación de los siete miembros de la Junta de Gobierno Local de Toledo que adjudicaron dicho contrato, entra dentro de la normalidad del proceso judicial abierto.

Fuentes del PP de Castilla-La Mancha han analizado, en declaraciones a Efe, la providencia del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Toledo, y han considerado que esta citación a declarar como investigados de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo de 2007 entra dentro de la normalidad del proceso abierto en los juzgados y han mostrado su confianza en la justicia, al tiempo que han destacado que, con su declaración, estas personas investigadas tienen la oportunidad de ofrecer su versión sobre lo sucedido.

Asimismo, estas mismas fuentes han indicado que fue el actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su etapa como alcalde de Toledo, desde 2007 a 2015, quien autorizó la modificación de dicho contrato con Sufi en contra de un informe de la intervención.

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