La Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo ha afirmado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no consensuó con el sector la utilización de la aplicación de Ocio Responsable en los locales y los códigos QR y ha adelantado que esperan acordar su uso en la reunión que tienen prevista el próximo lunes.
Así lo ha explicado este jueves el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo, Tomás Palencia en declaraciones a los medios de comunicación en la plaza de Zocodover, donde los profesionales de la hostelería han recreado un "cementerio hostelero" para protestar por el "abandono" que sufre el sector por parte de las administraciones y las ayudas "insuficientes" que se han aprobado.
Palencia ha asegurado que la medida del Gobierno regional del uso de la Aplicación de Ocio Responsable no ha sido consensuada con el sector, pero se ha mostrado confiado en que puedan acordar su utilización en próximo lunes en la reunión que tiene el sector regional con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En este sentido, ha explicado que el sector hostelero puso "encima de la mesa" el código QR cuando la región estuviera en niveles más altos de restricciones, "en nivel 3 o nivel 3 reforzado" ha precisado, para que de esta manera la hostelería no se cerrase y "no nos bloqueasen nuestros negocios".
Y ha avanzado que los servicios jurídicos de la asociación estudiará la medida porque los hosteleros "no tenemos potestad para pedir datos a la gente" y, sobre todo, para conocer si la utilización de este código QR cumple con la ley de privacidad.
El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo ha reivindicado ayudas de las administraciones al sector ya que, a su juicio, les están expropiando el derecho al trabajo y "toda expropiación tiene que venir con una indemnización", al tiempo que ha lamentado que "muchísimas" empresas se están quedando en el camino.
"Hay muchísima hostelería que son familias que trabajan en el mismo local y que desde marzo no han podido ingresar ni un solo céntimo en sus casas", ha dicho además de añadir que en España ya se ha contabilizado que 25.000 empresas "han cerrado totalmente sus persianas y no van a poder abrir".
Palencia ha denunciado que las ayudas que se han aprobado son "totalmente insuficientes" y ha criticado que esta situación se quiera solucionar como si "una hemorragia la queremos curar con una tirita", de modo que ha pedido ayudas directas al sector, al que se ha referido como "el más o uno de los más damnificados por esta pandemia", tal y como se está haciendo en países de Europa como Francia o Alemania.
Los hosteleros toledanos han instalado en la plaza de Zocodover un arco de acceso y han repartido cien barriles de cerveza para representar a los locales que han tenido que cerrar, los que nos han podido abrir y los que puedan desaparecer si las ayudas no llegan.
Cada barril llevaba incorporada una esquela genérica en referencia a la desaparición de distintos tipos de establecimientos de restauración, hospedaje y ocio nocturno, y asimismo se ha montado una carpa con un libro de condolencias para recoger las principales demandas del sector.
RECLAMACIÓN AL GOBIERNO DE ESPAÑA
Por otra parte, cerca de un millar de dueños de bares y restaurantes agrupados en la plataforma La Hostelería de Todos han iniciado el proceso para reclamar 65 millones de euros al Gobierno por daños y perjuicios, por las restricciones aprobadas para frenar la pandemia, y amenazan con llevar el caso hasta el Supremo.
Así lo han explicado este jueves representantes del despacho de abogados de Cremades & Calvo-Sotelo, tras presentar ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio un paquete de cien reclamaciones administrativas.
"Iniciamos el camino hasta el Supremo; por el momento hemos presentado 100 reclamaciones y seguiremos presentando más en los próximos días y semanas en bloques de 100 o 200", ha explicado el socio del despacho Diego Solana en declaraciones a los periodistas.
El abogado ha detallado que, antes de interponer una demanda ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo, la normativa exige presentar antes una reclamación ante la Administración.
"Ahora mismo agrupamos a más de mil hosteleros (...), pero cada día se suma más gente", ha señalado Solana, tras apuntar que por ese motivo la cifra exigida por daños y perjuicios también se incrementará previsiblemente.
La cuantía corresponde a la diferencia entre la facturación de los hosteleros en 2020 respecto a una media con los ingresos de los tres ejercicios anteriores.
Preguntado sobre si el proceso será largo, el socio de Cremades & Calvo Sotelo ha resaltado que "no necesariamente", ya que en su opinión el escenario ideal sería "llegar a algún tipo de acuerdo" con el Ejecutivo.
"En lugar de esperar a la sentencia del Supremo, el Gobierno podría conceder ayudas públicas como están dando otros países de la Unión Europea (UE) para que los hosteleros puedan sobrevivir a esta crisis y ser un motor de la recuperación económica", ha insistido.
La base jurídica en la que se sustenta su argumentación se encuentra en la ley que regula el Estado de Alarma, que dispone que las personas afectadas por las actuaciones administrativas dictadas en ese período "tienen derecho a ser indemnizadas".
Solana ha asegurado que del millar de hosteleros que representa por el momento "muchos ya están cerrados y otros intentan sobrevivir".
Se trata de un grupo "heterogéneo" en el que hay desde pequeños bares y cafeterías hasta grandes marcas y multinacionales del sector de la restauración de zonas como Zamora, Madrid, Andalucía o Castilla, según ha precisado.
También ha tomado la palabra en representación de los afectados la dueña y chef del restaurante madrileño Étimo, Begoña Fraire, quien ha advertido del mal arranque de 2021 y del riesgo que existe de que los cierres continúen aumentando.
"Vamos a ir a los tribunales para pedir por esas pérdidas que sufrimos desde el Estado de Alarma. Hay mucha gente que cierra y otros están heridos de gravedad y no van a aguantar más de dos meses", ha afirmado.
En su caso, la facturación de su establecimiento ha bajado un 70 % respecto al mismo período del año anterior, por lo que se centra en "sobrevivir con malabarismos y tirando muchas veces de fondos propios para poder seguir con el negocio".
"Nos prohíben trabajar, pero no nos han quitado ningún pago. No nos han ayudado con los arrendadores ni tampoco con los pagos a Hacienda o la Seguridad Social", ha lamentado.
