Piden cinco años para un acusado de usar un DNI falso para adquirir empresa

La Sección Número 2 de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar el próximo martes 1 de abril, a las 9.30 horas, a J.S.V, para el que el ministerio fiscal pide cinco años de cárcel por usar un DNI falso y suplantar identidad

La Sección Número 2 de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar el próximo martes 1 de abril, a las 9.30 horas, a J.S.V, para el que el ministerio fiscal pide cinco años de cárcel por usar un DNI falso y suplantar la identidad de otra persona para adquirir una empresa y varias cuentas bancarias asociadas a la mima.

Según el escrito de acusaciones provisionales de la Fiscalía, en abril del 2003 el acusado "con intención de darse apariencia empresaria", acudió a un notario de Illescas (Toledo) identificándose como otra persona.

Para ello, según el fiscal, exhibió un DNI que había previamente fabricado él mismo o por un tercero a petición propia "uniendo en suporte falso los datos reales del titular y una fotografía suya para obtener una escritura pública de compraventa de participaciones sociales".

Por medio de ésta, el Ministerio Público indica que el acusado adquirió, bajo la entidad de la persona a la que había falsificado el DNI, una empresa domiciliada en la localidad toledana de Illescas.

Además en abril de 2003 acudió a una sucursal bancaria de esta misma localidad y tras identificarse como la persona a la que falseó el DNI, abrió una cuenta corriente y contrató una tarjeta de crédito y un terminal TPV vinculado a la misma.

Así, el fiscal relata que ya en mayo de ese mismo año el acusado conectó el TPV a un ordenador y procedió a realizar operaciones no autorizadas con tarjetas pertenecientes a distintas entidades bancarias por un valor de 121.579 euros.

Sobre las mismas fechas, el Ministerio Público indica que el acusado acudió a otra sucursal bancaria de Illescas y abrió otra cuenta corriente a la que asoció otro terminal TPV realizando igualmente operaciones no autorizadas con diversas tarjetas "sin llegar a ocasionar perjuicio alguno porque todas ellas fueron anuladas por la entidad bancaria".

Para la Fiscalía, los hechos relatados constituyen un delito continuado de falsedad documental y de un delito continuado de estafa por el que pide cinco años de cárcel para el acusado.

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