El concejal de Urbanismo, Javier Nicolás, ha negado que el Ayuntamiento tenga que devolver "cantidades millonarias" por un supuesto mal cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a raíz de una sentencia de la Audiencia Nacional "que va en contra de la valoración que hace el Catastro" no contra la gestión del cobro que realizan las administraciones locales.
Ante las "falsas afirmaciones" que han realizado dirigentes del PP, Javier Nicolás ha manifestado que los ayuntamientos se limitan a girar los recibos del IBI a los ciudadanos conforme a las liquidaciones que realiza el Catastro de los terrenos y de las parcelas.
De este modo, ha reaccionado el edil en un comunicado, después de que este martes el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, haya acusado al alcalde de Toledo y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, de dejar "un pufo de incalculables dimensiones" en el Ayuntamiento de Toledo con el asunto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Nicolás ha afirmado, como no puede ser de otra manera, la sentencia conocida en el día de hoy, y que aplica la doctrina establecida en una resolución previa del Tribunal Supremo referida a Badajoz, "no es contra el Ayuntamiento de Toledo ni contra ningún ayuntamiento, sino contra el Catastro, que es quien hace la valoración de los suelos y las liquidaciones correspondientes".
El concejal ha reiterado que la Administración local se limita a girar y cobrar los recibos del IBI conforme a la valoración que ha hecho el Catastro de los terrenos teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos.
El concejal ha recordado que en agosto del pasado año, al conocerse la resolución del Supremo, el Ayuntamiento se dirigió al Catastro para saber cómo proceder ante esta situación, recomendado en la misiva de respuesta que "todos los recursos que nos lleguen sobre esta cuestión se deben de desestimar por falta de competencia de los consistorios".
Además, ha precisado que la sentencia de la Audiencia Nacional sólo afecta a aquellos propietarios que interpusieron recurso contra la valoración catastral realizada en el año 2008; es decir "aquellos que hace siete años recurrieron la valoración que el Catastro hizo de sus tierras son los que tienen derecho ahora a una posible devolución".
En este punto ha precisado que la mayoría de los casos que se encuentran en esta situación "no han llegado a pagar nunca, sino que han presentado avales para garantizar el cobro" de tal forma que, en última instancia, el Ayuntamiento no tendría que devolver las millonarias cantidades de las que habla el PP.
Javier Nicolás ha lamentado que el principal partido de la oposición "pretenda confundir de nuevo a la ciudadanía falseando los datos, ya que es el Catastro el que debe determinar cómo abonar las cantidades, una cifra que el Gobierno local desconoce, aunque precisa que no son muchos los particulares a los que afecta este proceso".
