La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Toledo aprobará este miércoles la iniciación de los trámites jurídicos para solicitar el amparo del Tribunal Constitucional, ante la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 27 de febrero, para que aclare si la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha (LOTAU) "es o no Constitucional" y por tanto está correctamente aplicada en el Plan de Ordenación Municipal (POM) de la ciudad.
Así lo ha anunciado el concejal de Urbanismo, Javier Nicolás, quien ha señalado que el recurso ante el TC se prepara ya por un despacho de abogados de Madrid en colaboración con los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Toledo, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.
Nicolás, quien ha subrayado que la sentencia del TS del 27 de febrero aún no se ha publicado en el boletín jurídico, ha asegurado que la base del recurso será conocer si la LOTAU es constitucional a los efectos de dirimir si el Ayuntamiento obró bien al no realizar una segunda información pública, tal y como recoge esta ley regional y no la normativa nacional.
Revisión del POM
En otro orden de cosas y dando cumplimiento a lo aprobado en el último Debate del Estado del Municipio sobre la revisión del Plan de Ordenación Municipal, Nicolás ha adelantado que los servicios técnicos del Ayuntamiento "están trabajando bien" y ya se elaboran los planos y se evalúa el impacto ambiental.
En este sentido, también ha señalado que ya se está recibiendo la documentación solicitada a varias administraciones y entidades sobre la información que quieren que figure en el nuevo plan.
Arroyo del Aserradero
Por otro lado, Javier Nicolás, ha anunciado que este martes envió una carta a la empresa pública que redacta el proyecto del Ayuntamiento sobre el colector del Aserradero, Aguas de la Cuenca de España, para que lo ponga a disposición de la Diputación de Toledo y de los municipios de Olías del Rey y Bargas "porque nosotros estamos abiertos a que antes de que empiecen las obras, haya acuerdo".
De esta manera, el concejal ha vuelto a tender la mano del Gobierno municipal para alcanzar una solución conjunta para los vertidos a este colector que, en el caso de Toledo no alcanzan ni el 10 por ciento.
