El Gobierno de la Diputación de Toledo ha aprobado este viernes las bases y la convocatoria para 2021 del programa de subvenciones para fomentar el estímulo económico municipal mediante la financiación de gastos de naturaleza corriente y, en su caso, de capital derivados de la lucha contra la COVID-19.
De forma que los 10 millones de euros con los que el Gobierno de Álvaro Gutiérrez ha dotado el programa de Gasto Corriente en 2021 podrán ser solicitados por los ayuntamientos de la provincia de Toledo a partir de la próxima semana, una vez se publiquen el próximo martes en el Boletín Oficial de la Provincia.
Un acuerdo importante del que el vicepresidente de Cooperación, Infraestructuras, Hacienda y Presupuestos, Santiago García Aranda, ha informado en el Pleno ordinario que se celebraba este jueves en la Diputación de Toledo destacando la "cifra récord" de este año" y la ampliación de los conceptos a los que los ayuntamientos podrán destinar esta ayudas, ha informado la Diputación en nota de prensa.
En este sentido, Santiago García Aranda ha destacado que estos fondos podrán ser destinados "por cada municipio a sufragar los servicios municipales básicos, sus costes, y a poner en marcha medidas de estímulo económico que ayuden a la recuperación económica, además de la social y la sanitaria, después de la pandemia del coronavirus".
Asimismo, "estos fondos del programa de Gasto Corriente se podrán utilizar para que los municipios afronten gastos extraordinarios que hayan tenido como consecuencia de la lucha contra el coronavirus en cada una de sus poblaciones".
Los 10 millones euros se suman al millón de euros que a comienzos de este año 2021, en enero, el Gobierno de la Diputación provincial puso a disposición de los ayuntamientos para afrontar los daños causados por la tormenta Filomena.
El Pleno ha abordado además la modificación de la composición de los órganos de gobierno de los consorcios de Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Toledo y de Servicios Públicos Medioambientales de la provincia de Toledo que fueron aprobadas por unanimidad.
También se ha aprobado la moción presentada por el grupo de Ciudadanos para la elaboración de una ordenanza de subvenciones que ha contado con el apoyo de todos los grupos y que, según especificaba García Aranda, lo que supone que "se formalicen en un documento los criterios que ya actualmente, desde que el PSOE volvió a gobernar la Diputación provincial, se están adoptado y que son criterios objetivos en la distribución de todas las subvenciones".
Por tanto, lo que se hace es "formalizar una situación que hasta la fecha era de hecho y se regulariza de derecho".
TRABAJADORES RSA
El vicepresidente también ha informado en el pleno que la Diputación de Toledo ha puesto a disposición del Juzgado de lo Social de Toledo las cantidades que este órgano ha estimado necesarias para hacer frente a los pagos que han reclamado los trabajadores y trabajadoras de la empresa que presta el servicio de limpieza en la Residencia Social Asistida 'San José'.
Así ha contestado García Aranda a la pregunta formulada al respecto por el Grupo Popular, especificando que "hace unos días la Diputación de Toledo hizo entrega de un total de 51.895 euros al Juzgado de los Social para que haga el pago correspondiente a las trabajadoras y trabajadores que han hecho reclamación judicial". "Este es el procedimiento legal y así se ha actuado", ha afirmado.
PP Y CS
De su lado, el portavoz del Grupo Popular de la Diputación de Toledo, Pedro Congosto, ha señalado que "la Diputación debe hacerse cargo de todos sus trabajadores, de que estén en buenas condiciones de trabajo y, por supuesto, de que cobren el salario que le corresponde", aunque estén contratados a través de una concesión a otra empresa.
"Después, en los juzgados, mediante convenios o mediante la concesión siguiente, se tendrá que dirimir quién paga y cómo se paga, pero ahora es fundamental que la Diputación ayude a estas trabajadoras para que dejen de pasarlo tan mal y que cobren por los trabajos que han realizado", ha añadido el portavoz popular.
Para Congosto, este tipo de situaciones son un ejemplo de "la desidia y la falta de trabajo" de la que adolece el Equipo de Gobierno del PSOE, al que cada día le cuesta más sacar incluso las iniciativas y ayudas previstas y que se ponen en marcha todos los años, como está pasando en el caso de los programas de actividades acuáticas y el Dipudeportivo, que a estas alturas del año siguen sin aprobarse, cuando es algo que suele hacerse todos los años alrededor del mes de abril, ha informado el PP en nota de prensa.
Por su parte, el diputado provincial de Ciudadanos, Julio Comendador, ha mostrado su satisfacción por el apoyo unánime que ha recibido su propuesta para que la Diputación de Toledo presente un Plan Estratégico de Subvenciones, de acuerdo a la ley de 2003, "que garantice la transparencia y la objetividad en el reparto de dinero público, acabando así con la idea de que se dan paguitas a los afines del gobierno de turno".
El portavoz de Cs ha insistido en que la Diputación "ha de saldar una cuenta que tiene pendiente con la Ley de Subvenciones de 2003, que establece que cada ente político debe elaborar un plan estratégico, con objetivos, efectos, resultados y evaluación de las ayudas otorgadas no solo a los municipios, sino a las diversas asociaciones que reciben dinero público de la institución provincial".
Comendador también ha llevado a la sesión ordinaria asuntos como la mejora de los accesos de la A-42 que comunica con el centro comercial La Abadía desde los municipios de Bargas y Olías del Rey, así como la señalización, mejora y divulgación del Camino de Santiago a su paso por la provincia de Toledo, coincidiendo con el Xacobeo 2021-2022, al igual que se ha proyectado con el Camino Real de Guadalupe.
Por último, el portavoz de Cs ha hecho referencia al impago de salarios a las trabajadoras de la empresa Netalia, que prestan servicios de limpieza en la Residencia Social Asistida San José, dependiente de la Diputación, y ha instado a establecer algún mecanismo de control desde la Institución provincial para que no se contrate a concesionarias que tengan antecedentes de impagos a empleados en otras administraciones públicas.
