La ONG animalista Grefa ha denunciado la muerte de tres águilas imperiales en la provincia de Toledo por la amenaza que suponen los tendidos eléctricos para estos ejemplares.
La entidad explica que los tres animales habían nacido en 2018 y aparecieron muertos a principios de diciembre, en uno de los episodios de electrocución de aves "más graves registrados en los últimos tiempos en esta provincia".
La organización explica que la detección de este caso ha sido posible gracias al emisor GPS que portaban dos de las aves electrocutadas, que estaban siendo objeto de seguimiento por proyectos científicos y conservacionistas desarrollados por las ONG GREFA y WWF España, junto con la Junta de Castilla-La Mancha.
Asimismo, se da la circunstancia de que estas dos aves electrocutadas seguidas por GPS eran hijas de Susana, una hembra de águila imperial que es estudiada por GREFA desde hace diez años y que tiene su territorio reproductor al norte de la provincia de Toledo.
Precisamente también fue una electrocución loa que motivó el ingreso de Susana, allá por 2008, en el Hospital de Fauna Salvaje de GREFA, con sede en Majadahonda, donde a pesar de su grave estado pudo ser salvada y devuelta a la naturaleza.
Susana sacó adelante tres pollos en la temporada reproductora de 2018, Iris, Porrón y Estufa, siendo los dos primeros los que han aparecido electrocutados.
Al igual que su madre, estos tres pollos fueron marcados con GPS el pasado 11 de junio en una acción conjunta de GREFA y WWF España, con la colaboración de la Junta de Castilla-La Mancha y sus Agentes Medioambientales.
La Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, que fue creada en 2016, ha escrito al Gobierno central para advertir sobre los peligros que suponen estas instalaciones para los animales.
Además, con motivo de las electrocuciones de estas tres águilas imperiales en la provincia de Toledo, GREFA y WWF España han pedido al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, que en el futuro inmediato rectifique e incluya a los particulares con menos recursos en las órdenes de ayudas para la corrección de los tendidos eléctricos.
Estas organizaciones consideran "inaceptable" que la reciente orden regional de ayudas sólo incluya a las compañías distribuidoras e incluso podría ser ilegal al vulnerar el principio de la Unión Europea de “quien contamina paga”.
