Algunos de los afectados por el desalojo del cuartel ya han iniciado su mudanza

Responsables de la Guardia Civil en Toledo han mantenido en la tarde de este lunes, como continuación a las reuniones informativas del 22 y 27 de enero, una reunión con los afectados por el desalojo urgente de los pabellones oficiales de la Comandancia de Toledo, previsto como máximo para el 15 de febrero.

En dicha reunión se ha informado a los afectados del estado de las gestiones realizadas sobre las ayudas al realojo. Asimismo, se ha dado contestación a las diferentes inquietudes, necesidades y problemas generales y específicos planteados, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Aparte de la oferta internas de pabellones (70 pabellones) hay que añadir 108 más externas que se han ofertado en distintas localidades de la provincia por parte de empresas inmobiliarias a través de administraciones públicas (51 viviendas de la Junta), otras entidades privadas (43 viviendas de particulares y mercantiles) y el ofrecimiento por parte de particulares (14 viviendas), a través del llamamiento realizado por la entidad Cáritas Castrense.

Se continúan con las gestiones para ampliar la oferta de soluciones de ayuda habitacional y cualquier iniciativa sobre disponibilidad de vivienda en alquiler puede ser comunicada a la Oficina de Apoyo a los Afectados por el Desalojo, que se mantendrá activa hasta el final del desalojo de todos los afectados como así mismo las reuniones informativas con los mismos.

En esta semana algunos de los afectados ya han iniciado la mudanza a los nuevos domicilios y localidades de la provincia, centralizadas y con cargo a los presupuestos de la Dirección General de la Guardia Civil.

Para realizar dichas mudanzas en las mejores condiciones, por parte de la Dirección General de la Guardia Civil se ha instado a los jefes de unidad a la adopción de medidas de flexibilidad en el nombramiento del servicio de los afectados.

Una vez finalizado el desalojo de las viviendas por razones de seguridad para las personas, como así han determinado los técnicos según los resultados de los análisis químicos sobre el estado actual de las estructuras, se iniciarán las actuaciones de derribo por parte de una empresa especializada en el sector de la demolición de edificios.

CRÍTICA DE LA AEGC

Por su parte, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha criticado la "falta de propuestas serias" para los guardias civiles y las familias afectadas por el desalojo, en lo que consideran "otra muestra" de "cómo se abandona a la Guardia Civil".

En un comunicado, la asociación ha mostrado su "preocupación" por el reciente anuncio de desalojo de la Comandancia de Toledo, que "no se produce por un deterioro repentino de los edificios, sino por la dejadez de los responsables que deberían haber invertido en su conservación y no lo hicieron".

A su juicio, esos responsables son "los mismos que han permitido que los estudiantes de la residencia, los guardias civiles y sus familias hayan vivido los últimos cuatro años poniendo en riesgo sus vidas", ya que, como indica la AEGC, "ya en 2021 se detectaron serios problemas en pilares por corrosión y degradación del hormigón" no compatibles con la seguridad.

Según explica, en 2022 se realizó un informe sobre la situación y actuaciones realizadas en relación con la inspección realizada por la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad (SIPSS) que depende directamente del Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, que dejaba 21 actuaciones no resueltas y 10 sin resolver.

A mediados del 2023, continúa la Asociación, se ordenó desde el Ministerio del Interior convocar una primera reunión de coordinación con motivo de la construcción del cuartel, y a finales de ese mismo año, de las cuatro parcelas ofertadas por el Ayuntamiento de Toledo, solo la del polígono, con unas nuevas condiciones solicitadas por la Guardia Civil, podía ser idónea anexionando la parcela contigua, considerándola comparativamente mejor.

"Muchos años han tenido para buscar una solución a un problema conocido para venir ahora con urgencias y sin aportar soluciones. Por eso en AEGC estamos preocupados por la falta de propuestas serias para los guardias civiles y las familias afectadas. Nos tememos que ocurra como con las instalaciones de Cartagena, Murcia, que primero aseguraron que solo sería para tres años y la última información es que esta eventualidad será de 10 años".

La AEGC, que recuerda que lleva tiempo denunciando la falta de inversión en el mantenimiento de los edificios oficiales, sospecha que "se podría estar apostando por la solución de demoler con la única intención de no volver a construir y así a escóndidas y por la espalda hacer desaparecer a la Guardia Civil de todo el territorio".