Dos investigados por maltrato animal a siete caballos que aparecieron muertos en un barranco

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La Guardia Civil investiga a dos personas por un presunto delito de maltrato animal a siete caballos que aparecieron muertos en verano en un barranco de una localidad de la comarca valenciana de la Ribera Alta.

El pasado mes de julio arrancó la operación 'Ecuus' ante el hallazgo de los siete equinos sin vida y con signos de maltrato animal en un barranco y en el Azud de Alfarp (Valencia), informa el instituto armado en un comunicado.

Estos caballos carecían de chip identificativo o bien había sido extraído para evitar la localización de los dueños. La Guardia Civil de Llombai (Valencia) y el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) pusieron en marcha la investigación para esclarecer los hechos.

Tras las pesquisas, los agentes identificaron a uno de los dueños de un caballo. Este animal supuestamente fue vendido de forma fraudulenta en varias ocasiones a diferentes propietarios repartidos en localidades de las provincias de Valencia y Castellón, hasta llegar finalmente a dos vecinos de Carlet (Valencia).

Estas dos personas al parecer realizaban operaciones de compraventa de caballos de forma fraudulenta; sin hacerlos constar en los registros oficiales y evitando así el pago de los impuestos correspondientes por las transacciones.

La adquisición de estos animales suponía, en caso de que enfermaran gravemente o falleciesen, un gasto elevado para quienes los poseyeran, hasta alrededor de 300 y 400 euros --el coste de la solicitud de recogida e incineración de un caballo no registrado y por lo tanto no asegurado--.

Ante esta circunstancia, los sospechosos al parecer decidieron deshacerse de los caballos y arrojarlos muertos o moribundos en barrancos o zonas aisladas cercanas a la cuadra de donde provenían. Su intención era supuestamente no correr con los gastos que conlleva la recogida e incineración de un equino que no se encuentra registrado legalmente.

Una vez identificados, las diligencias de las dos personas investigadas han pasado a disposición de la Fiscalía del Medio Ambiente de Valencia.

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