domingo 29/11/20

Los vestigios del franquismo, sentenciados por Ley al año de exhumar al dictador

Un año después de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos el Gobierno de coalición ya ha dado luz verde a la nueva Ley de Memoria Democrática
En la imagen de archivo el Valle de los Caídos donde reposan los restos del dictador Francisco Franco
En la imagen de archivo el Valle de los Caídos donde reposan los restos del dictador Francisco Franco

Un año después de la exhumación de los restos de Francisco Franco para ser trasladados desde el Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid), el Gobierno se ha propuesto acabar con todo vestigio del franquismo impulsando una nueva ley que pretende proteger también derechos de sus víctimas.

Este sábado, 24 de octubre, se cumple el primer aniversario de la imagen en la que un helicóptero de las Fuerzas Armadas transportó hasta su nueva ubicación el féretro con los restos del que fue jefe de Estado.

Una medida que se ejecutó dieciséis meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometiera a hacerlo en breve, pero que se complicó por la dificultad de los trámites administrativos y por la oposición de la familia.

La decisión fue llevada a la justicia, y el aval del Tribunal Supremo abrió la puerta a que se convirtiera en realidad diecisiete días antes de que los españoles acudieran a las urnas en las últimas elecciones generales.

Fue necesario para ello que el Gobierno aprobara una reforma exprés de la Ley de Memoria Histórica, un texto que vio la luz en 2007 con José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de la Moncloa.

La batalla judicial continuó incluso tras la exhumación, y ocho meses después fue de nuevo el Supremo el que aseguró, ante los recursos pendientes, que no hubo un "trato discriminatorio, injustificado ni tampoco vejatorio" en los actos administrativos que la hicieron efectiva.

Exhumado ya Franco, el primer gobierno de coalición en España, con Pedro Sánchez a la cabeza, consideró que la Ley de Memoria Histórica se quedaba ya corta para la eliminación de los rastros del franquismo y para hacer efectivas una serie de medidas en ese contexto.

Por ello, se dispuso a impulsar una nueva norma con el fin de actualizarla y el primer paso lo dio el pasado 15 de septiembre con la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de otro texto legislativo con un nuevo nombre, la que será la Ley de Memoria Democrática.

A la espera de que pase los trámites preceptivos en el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal antes de que pueda ser aprobada por el Parlamento, la ley declarará "nulos de pleno derecho" los juicios sin garantías del franquismo y, según los cálculos del Gobierno, permitirá recuperar de las fosas unos 25.000 cadáveres de represaliados en cuatro años.

También prevé transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil en el que se rinda homenaje a las más de 30.000 víctimas de ambos bandos que reposan en la cripta, y prohibirá las fundaciones o asociaciones que reciban fondos públicos "que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales", con la Fundación Francisco Franco en el punto de mira.

La supresión de todos los títulos nobiliarios relacionados con la dictadura, como el ducado de Franco, la retirada de condecoraciones a personas relacionadas con el régimen, un banco de ADN que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación de fosas, y la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas de la represión y la dictadura, son otras iniciativas que incluye la ley.

Una panoplia de medidas para borrar las huellas del franquismo y que, según la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, era urgente que echaran a andar para homologar a la democracia española con las más avanzadas del mundo.

En el año transcurrido desde el traslado de los restos de Franco se han ido conociendo detalles relativos a esa decisión, como el coste que tuvo la reinhumación y que, según respondió el Gobierno a una pregunta del senador de Compromís Carles Mulet, ascendió a 125.920 euros.

También ha continuado la batalla judicial. Los nietos de Franco presentaron en marzo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra el Estado.

Esa batalla ha tenido otra vertiente en torno a parte de la herencia del dictador, la que constituyen algunas de las que eran sus propiedades en Galicia (con el Pazo de Meirás a la cabeza) y que pretenden recuperar varias administraciones.

Un juzgado coruñés condenó el pasado 2 de septiembre a la familia Franco a devolver al Estado ese pazo, pero esa decisión ha sido objeto de un recurso que prosigue su tramitación.

El primer aniversario de la exhumación coincide con el viaje al Vaticano del presidente del Gobierno para reunirse con el papa.

Sánchez, en una entrevista concedida a un periódico italiano, afirmó que había pedido su intervención para facilitar el proceso y que el papa le ayudó.

Pero el Vaticano aseguró después que, más allá de instar al diálogo entre el Gobierno y la familia Franco, nunca se pronunció al respecto porque no era de su competencia, y reiteró que siempre ha expresado su respeto a la legalidad y a las decisiones de las autoridades gubernativas y judiciales competentes. 

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