Los estudiantes de la UCLM no han secundado el paro académico que se habían convocado este jueves algunas organizaciones en respuesta a la aprobación en el Congreso de los proyectos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y la Ley de Convivencia Universitaria (LCU).
El paro, que ha contado con la adhesión de algunos Consejos de Estudiantes de las universidades españolas, ha sido también rechazado por otros.
El Consejo de Representantes de Estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha (CRE-UCLM) ha informado en un comunicado de prensa de que están de acuerdo con los suscriptores del paro en la oposición que generan ambas leyes, que han definido como "nefastas para la comunidad universitaria y pésimas, en particular, para el estudiantado".
Sin embargo, han dicho, "no podían suscribir" el manifiesto justificativo del paro ni de la marcha convocada.
Desde el CRE-UCLM han recordado que han acudido a las reuniones del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) y en ellas han manifestado su opinión acerca de las leyes.
A pesar de eso, el resultado son proyectos que "no mejoran demasiado la situación vigente, ni adaptan la Universidad a las necesidades del siglo XXI", han dicho.
No obstante, el manifiesto que justifica este paro académico va, paradójicamente, en otra línea.
Tal es, por ejemplo, la negativa a la participación de sectores sociales en la Universidad, a través de los Consejos Sociales de estas, que incluyen a miembros de las empresas, los sindicatos, los parlamentos autonómicos y la comunidad universitaria, así como otros actores de la sociedad de cada región, que "poco o nada tiene que ver" con los dos proyectos de ley sujetos a crítica.
El CRE-UCLM ha señalado que seguirán participando en cuantas reuniones sean convocadas a fin de seguir aportando mejoras a dos proyectos que "necesitan de la escucha al estudiantado, y en general, de la comunidad universitaria para conseguir sus fines y diseñar una universidad para el siglo XXI".
Y han señalado que de cara al futuro, estudiarán organizar actos reivindicativos si "redundan en el provecho y beneficio del estudiantado, y no en una mera pérdida de actividad docente".
