jueves 26/11/20

La UCLM estudiará el impacto de la COVID-19 en derechos de personas tuteladas

Se trata de un estudio con un enfoque mixto que combina perspectiva cualitativa y cuantitativa y un análisis de los datos desde una perspectiva social y jurídica, que tiene además en cuenta el enfoque de género

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) han firmado un colaboración de prestación de servicios para el análisis del estudio sobre la vulneración de derechos de las personas apoyadas por las entidades tutelares durante la crisis de la COVID-19.

Según ha informado la Institución académica en un comunicado, el encargado de realizar este análisis será el grupo de investigación 'Diseño Óptimo de Experimentos' y el estudio que será analizará es el que ha llevado a cabo el Observatorio de derechos de la AEFT en los últimos meses sobre la posible vulneración de derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tuteladas.

Se trata de un estudio con un enfoque mixto que combina perspectiva cualitativa y cuantitativa y un análisis de los datos desde una perspectiva social y jurídica, que tiene además en cuenta el enfoque de género.

El acuerdo se enmarca en el programa de investigación aplicada, financiado por la subvención con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que la AEFT lleva a cabo desde 2018.

Un primer diagnóstico de situación, realizado con información proveniente de las propias fundaciones tutelares, ha dado lugar al posicionamiento público del Observatorio respecto a las restricciones de movilidad aplicadas a personas con discapacidad intelectual una vez levantado el confinamiento establecido por el Gobierno de España.

Los resultados de la segunda fase del estudio, que involucra a investigadores de la UCLM, estarán disponibles a lo largo del mes de noviembre y pretende conocer y visibilizar la situación vivida por las personas que reciben apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica durante y tras el estado de alarma, así como diseñar y mejorar las estrategias de intervención y respuesta a la crisis provocada por la pandemia.

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