viernes 28/1/22

Las residencias deberán comunicar de inmediato la imposibilidad de retirar cadáveres

Sanidad establece la clausura de las zonas comunes de las residencias de mayores, y creará un grupo especial de seguimiento de la situación de las residencias
Las residencias deberán comunicar de inmediato la imposibilidad de retirar cadáveres
Las residencias deberán comunicar de inmediato la imposibilidad de retirar cadáveres

La residencias de ancianos deberán comunicar de inmediato a las autoridades de las comunidades autónomas y delegaciones de gobierno situaciones excepcionales tales como la imposibilidad de conservación y retirada de cadáveres por la ausencia de servicios funerarios disponibles derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Así lo pone de manifiesto la Orden SND/275/2020 por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial, publicada este martes, 24 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Además de la imposibilidad para gestionar adecuadamente la conservación y retirada de cadáveres, los centros residenciales deberán comunicar de inmediato a las comunidades autónomas así como a la Delegación de Gobierno que corresponda la concurrencia de otras situaciones excepcionales como la incapacidad, por ausencia de medios personales, materiales, circunstancias físicas o de otra índole, de cumplir especialmente en lo relativo a las normas de aislamiento.

También deberán comunicar cualquier otra circunstancia análoga que ponga en grave peligro la integridad y sostenimiento del servicio que se presta.

Las autoridades competentes valorarán la situación, y auxiliarán la misma de forma coordinada activando todos los medios ordinarios y excepcionales disponibles en su territorio. Realizada la intervención, la comunidad autónoma notificará la situación abordada, medios activados y situación final a los Ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales y para la Agenda 2030.

INTERVENCIÓN DE RESIDENCIAS

La orden también prevé que las comunidades autónomas puedan intervenir las residencias de ancianos en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro con objeto de ordenar el alta, la baja, reubicación y traslado de los residentes a otro centro residencial de su territorio, así como establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de nuevos centros residenciales y la modificación de la capacidad u organización de los existentes.

En los casos en los que un centro residencial cuente con pacientes clasificados como residentes sin síntomas, en aislamiento preventivo; residentes con síntomas; y casos confirmados --grupos b), c) y d) del apartado segundo.1 de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo--, se podrá designar a un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial de estos centros.

Igualmente, comunidades autónomas podrán modificar el uso de los centros residenciales para su utilización como espacios para uso sanitario. Esta actuación será de especial aplicación en los casos en los que el centro residencial cuente con pacientes clasificados en el d) --casos confirmados-- de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo.

Finalmente, los centros residenciales quedan sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma que podrán realizarlas en cualquier momento y están autorizados para ordenar actuaciones destinadas a cumplir con las normas.

CLAUSURA DE LAS ZONAS COMUNES

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha establecido la "clausura de las zonas comunes de las residencias" para evitar la propagación del coronavirus, entre otras medidas incluidas en una 'Guía de prevención y control frente al COVID19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial', actualizada este martes 24 de marzo.

"Como medida excepcional ante la situación actual, se clausurarán las zonas comunes de la residencia para disminuir al máximo la interacción entre los residentes", subraya la orden. Esta medida, según se especifica en la guía, durará hasta que una nueva evaluación del riesgo haga reconsiderar esta recomendación.

En todo caso, deja abierta la posibilidad de plantear como alternativa "la organización de turnos para acceder a las zonas comunes que permitan mantener una distancia de seguridad entre los residentes de 2 metros y con una limpieza oportuna entre un residente y el siguiente". También contempla la excepción para casos de personas deambulantes o errantes, con trastorno neurocognitivo. Para ellos, las residencias deberán procurar "zonas que permitan suficiente separación" y que "deberán ser desinfectadas con especial intensidad y frecuencia".

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad recuerda que en el escenario actual, se deben suspender todas las visitas a los centros sociosanitarios así como todas las salidas de la residencia. Según indica la guía, las residencias deberán contactar mediante mensajes o circulares, y colocarán carteles a la entrada, "indicando a los visitantes y familiares que no deben acudir a estos centros a no ser que sea imprescindible y en ningún caso si presentan cualquier síntoma respiratorio o fiebre". También deberán poner a la entrada de los centros, pasillos y zonas comunes, carteles informativos
sobre higiene de manos e higiene respiratoria.

Además, señala que los centros sociosanitarios deben disponer de planes de contingencia ante la eventual aparición de casos y brotes de COVID-19, con un análisis detallado de las infraestructuras del centro, de las características de los residentes, de los recursos humanos disponibles, de los equipos de protección individual disponibles y una estimación de las necesidades en un escenario de aumento acusado del número de casos, y de la posibilidad de garantizar la provisión de jabón, papel y soluciones desinfectantes. Asimismo, se pide que se establezca un plan de continuidad de la actividad ante posibles bajas del personal como consecuencia de la epidemia.

TEST A RESIDENTES Y TRABAJADORES CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA

También precisa que "se debe considerar la realización del test diagnóstico en personas con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda independientemente de su gravedad, en personas que residan en el centro sociosanitario y a los trabajadores en contacto con los residentes". En caso de detectar un caso positivo, señala que "se deberá designar en el centro un área diferenciada para residentes con y sin infección con el objetivo de disminuir el riesgo de que se genere un brote en la residencia y hacer el estudio y seguimiento de sus contactos estrechos".

Para los positivos por COVID-19, la guía del Ministerio de Sanidad establece que deberán permanecer preferentemente en una habitación individual con buena ventilación (preferiblemente al exterior), con baño propio si es posible y con la puerta cerrada o, en caso de que esto no sea posible, en un lugar en el que se pueda garantizar una distancia mínima de 2 metros con el resto de los convivientes. Las residencias también deberán restringir, en estos casos, las salidas fuera de la habitación "al mínimo imprescindible" y "con una mascarilla quirúrgica".

En caso de que se produzca un brote --cuando haya dos o más casos confirmados de COVID-19 con una diferencia en el inicio de síntomas inferior 15 días (residentes o trabajadores) o cuando dos o más residentes desarrollan una enfermedad respiratoria en un lapso de 14 días de diferencia entre ellos sin que ninguno de los casos haya sido confirmado por laboratorio--, la guía indica que la residencia deberá declararlo urgentemente a Salud Pública. Asimismo, se deberá designar a una persona responsable que lleve un registro de los casos, y el personal del centro deberá ser asignado bien a pacientes sintomáticos o bien a residentes sin síntoma, pero no a ambos.

GRUPO ESPECIAL DE SEGUIMIENTO

Por último, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, la creación de un grupo especial de seguimiento sobre la situación de las residencias y centros de mayores en el marco de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y después de que las Fuerzas Armadas hayan detectado algunas personas fallecidas conviviendo con residentes de varios centros.

El grupo especial de seguimiento sobre la situación de las residencias y centros de mayores estará integrado por representantes de la Vicepresidencia de Asuntos Sociales y Agenda 2020, el Ministerio de Sanidad, y el de Defensa, que lidera Margarita Robles.

Illa, que ha reiterado que los mayores son un colectivo de "especial atención" por tratarse de población especialmente vulnerable ante los ataques del coronavirus, ha recordado que el 5 de marzo se acordó un protocolo de actuación consensuado con las comunidades autónomas.

En este sentido, el ministro ha destacado que, relacionadas con este protocolo, se han dictado después dos órdenes ministeriales "de obligado cumplimento" para quienes tienen la competencia en esta materia "que son las comunidades autónomas".

Asimismo, Illa ha apuntado que la primera orden se dictó el 19 de marzo, pero que en vista de la evolución de la epidemia, se a dictado una nueva orden este martes, a propuesta del vicepresidente de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

"Esta nueva orden, más estricta aún que la anterior, establece medidas de intervención en aquellas residencias que no cumplan los requisitos, y somete a todas las residencias a la autoridad pública de cada comunidad autónoma", ha señalado, para después añadir que también establece unas medidas estrictas de inspección sanitaria y mecanismos de información puntual para el Gobierno.

Finalmente, preguntado sobre el número de fallecidos, profesionales infectados y de baja, etc. el titular de la cartera de Sanidad ha respondido que no dispone de esa información, pero ha insistido en que el Gobierno velará por el cumplimiento de las órdenes dictadas y para que se dé "la máxima atención" a las residencias, y "dará todo el apoyo que se tenga que dar" para ello.

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