La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha incoado diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por el sindicato CSIF por la exposición sufrida por los empleados públicos al encontrarse en contacto con pacientes afectados por coronavirus sin contar con equipos de protección adecuados.
Así lo ha dado a conocer este viernes el sindicato en un comunicado de prensa, en el que ja señalado que los riesgos a los que se han visto sometidos los profesionales sanitarios quedan atestiguados por los numerosos contagios existentes en profesionales de ámbito sanitario.
CSIF ha recordado que ha acudido al Ministerio Fiscal debido a situaciones en la que los trabajadores han carecido de equipos de protección individual (EPI) o han sido inadecuados, y, sin embargo, se les ha instado a continuar desarrollando su labor con personas contagiadas por COVID-19 o con riesgo de infección.
En concreto, en centros dependientes de las consejerías de Sanidad y de Bienestar Social, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), de la Administración General de la Junta y en centros de asistencia sanitaria privada.
Con anterioridad, CSIF había requerido en numerosas ocasiones ante los organismos competentes la necesidad de provisión de EPI, así como la realización de pruebas de diagnóstico a todos los profesionales.
Sin embargo, "ante el silencio por parte de la Administración" el sindicato ha procedido a la vía judicial para estudiar las responsabilidades penales y civiles pertinentes.
Como prueba de la falta de medidas eficaces de prevención, el sindicato ha contabilizado el pasado 27 de marzo al menos 642 profesionales de ámbito sanitario contagiados por coronavirus, además de 1.363 en situación de cuarentena.
Asimismo, ha solicitado que las inspecciones de Trabajo y Seguridad Social de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo informasen de los expedientes y actuaciones realizadas en relación las medidas de prevención adoptadas.
