martes 9/3/21

La Fiscalía mantiene abiertas 11 investigaciones a residencias en Castilla-La Mancha

La Fiscalía mantiene abiertas 209 investigaciones penales por la situación generada en las residencias a causa del coronavirus, una cifra que supone el 47,39 % del total de 441 diligencias incoadas desde el inicio de la pandemia
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La Fiscalía mantiene abiertas 11 investigaciones a residencias en Castilla-La Mancha

La Fiscalía mantiene abiertas 209 investigaciones penales por la situación generada en las residencias a causa del coronavirus, una cifra que supone el 47,39 % del total de 441 diligencias incoadas desde el inicio de la pandemia, y en Castilla-La Mancha se mantienen abiertas 11 investigaciones.

Son datos que ha aportado este jueves la fiscal de Sala coordinadora de los servicios especializados en la protección de personas con discapacidad y mayores, María José Segarra, en un encuentro con periodistas al que también ha asistido la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

Ambas han puesto el foco en la labor de la Fiscalía en la protección de los usuarios de las residencias, un colectivo duramente golpeado por el virus y donde, según ha indicado Segarra citando datos del Instituto Nacional de Estadística, se baraja que entre el 6 y 8 % de personas han fallecido desde marzo.

No obstante, la anterior fiscal general del Estado ha precisado que no se puede saber cuántas de estas personas han fallecido por covid, y ha destacado el trabajo realizado por todos, que ha motivado un descenso de las cifras de exceso de mortalidad del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo): del 77 % de la primera ola se ha pasado a un 18 %. "Hemos hecho algo", ha dicho.

El impacto de la pandemia en los centros residenciales ha llevado a la Fiscalía a abrir un total de 441 investigaciones penales. Un 47,39 % (209) siguen vivas, mientras que el 51,92 % (229) se han archivado, en ocasiones porque se ha presentado una querella un denuncia (11,8 %) o porque se ha conocido que ya había una causa judicializada en marcha (10,48 %).

Precisamente a la Fiscalía le constan 92 investigaciones abiertas en los juzgados; la mayoría, un 74,46 %, continúa en tramitación.

Como ha ocurrido en las anteriores ocasiones en las que la Fiscalía ha facilitado datos de sus investigaciones, la Comunidad de Madrid se mantiene a la cabeza, aunque en esta ocasión con mucha diferencia respecto a otras comunidades.

De las 172 diligencias penales que se abrieron en la región, 112 siguen en trámite, muy por delante de la siguiente comunidad, Castilla y León, que mantiene 19 de las 50 investigaciones incoadas.

En tercer lugar se sitúa Cataluña, con 15 abiertas de 58; por delante de Extremadura (12 de 27), Castilla La-Mancha (11 de 39) y Galicia (10 de 21). A la cola se sitúa el País Vasco y La Rioja, con ninguna investigación fiscal abierta.

La mayoría de denuncias recibidas en la Fiscalía pedían investigar presuntos delitos de homicidio por imprudencia y omisión de socorro, aunque también había otros motivos como la situación general de los centros, deficiencias de atención médica o delitos contra la salud de los trabajadores.

Pero la vía penal no ha sido la única en la que ha trabajado el ministerio público, centrada también en una labor de protección y vigilancia de las necesidades de los mayores de cara a "dar cobertura" a la situación de vulnerabilidad encontrada.

Son las denominadas diligencias preprocesales incoadas también por el Ministerio Público y que se elevan a un total de 786 desde el inicio de la pandemia. Un 63 %, 476, continúan en trámite dentro da la "revisión continúa" de datos realizada por los fiscales.

En este caso, es Cataluña la que acapara el mayor número de diligencias (192 del total de 201 abiertas), seguida de Asturias (140 de 319). En La Rioja no hay ya ninguna abierta de las cinco que se incoaron, mientras que Aragón y Baleares tienen una.

En Madrid son cuatro las que perviven del total de cinco impulsadas, aunque la Fiscalía pide tener en cuenta que las diferencias entre las cifras se deben a que muchas provincias optaron por abrir diligencias de seguimiento por cada uno de los centros, mientras que en otras se agruparon residencias.

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