jueves 22/10/20

Fiscalía de CLM remite al Supremo denuncia de CSIF por falta de protección a empleados

CSIF denunciaba la situación de los trabajadores que desarrollan su labor con personas contagiadas por COVID-19, o en riesgo de infección por no contar con equipos de protección individual (EPI) o ser inadecuados
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Fiscalía de CLM remite al Supremo denuncia de CSIF por falta de protección a empleados

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCM) ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo la denuncia presentada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) el 27 de marzo por la falta de protección de los empleados públicos de la Junta frente al coronavirus.

La Central Sindical ha informado en una nota de prensa de que la Fiscalía del TSJCM comunicaba el 3 de abril a CSIF que procedía a incoar las oportunas diligencias de investigación penal y ahora el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, ha señalado que la Fiscalía del Supremo es "el órgano competente" y ya ha procedido a remitir las diligencias oportunas.

CSIF denunciaba la situación de los trabajadores que desarrollan su labor con personas contagiadas por COVID-19, o en riesgo de infección por no contar con equipos de protección individual (EPI) o ser inadecuados, en centros dependientes de la Consejería de Sanidad, el Servicio Regional de Salud (Sescam), la Administración General de la Junta de Comunidades y la Consejería de Bienestar Social, así como en centros de asistencia sanitaria privada.

No en vano, ha recordado el sindicato, en la región se han contagiado más de 3.000 profesionales del ámbito sanitario, lo que, a su juicio, "demuestra que no se han adoptado medidas eficaces de prevención ni de protección".

Así, en la denuncia presentada se requería a las autoridades competentes, bajo los apercibimientos legales, para que en el plazo de 24 horas dotasen a los trabajadores de los equipos de protección necesarios.

Según CSIF, el Fiscal Superior de la región indica que, con el decreto de estado de alarma, es el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "la superior jefatura de los servicios sanitarios en todo el territorio nacional sin excepción" para evaluar las responsabilidades penales y civiles pertinentes solicitadas, por lo que traslada el proceso al Tribunal Supremo.

En este sentido, la central sindical denunció el pasado 31 de marzo al ministro de Sanidad ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por su gestión, pues ha considerado que los contagios y fallecidos por la falta de previsión y material de protección pueden constituir delitos contra los trabajadores por infracción de normas de prevención laboral, lesiones y homicidio imprudente.

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