El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha destacado que la crisis del coronavirus está alterando profundamente la vida en España, si bien ha precisado que destapa "con intensidad" carencias relativas a residencias de ancianos o a la necesidad de renta mínima.
En su Informe Anual relativo a 2019, entregado este miércoles en el Congreso de los Diputados, el Defensor hace hincapié en que las carencias que se arrastran del pasado se dejan ver con más gravedad debido a la pandemia de la COVID-19 y que tienen que ver con las residencias, la sanidad y la vulnerabilidad económica.
La memoria anual indica que en 2019 la institución tramitó 20.616 expedientes, un 16,5 % más que el año anterior, siendo la mayoría de ellos, 20.215 (un 98 %), quejas frente a 135 recursos de inconstitucionalidad y 266 actuaciones de oficio.
En él, el Defensor destaca que gran parte de las quejas constatan que es necesario un aumento de medios personales humanos y materiales en la administración pública para que ofrezca servicios de calidad.
La institución remitió a las administraciones más de 1.551 resoluciones (un 34,6 % más que en 2018), de las que 574 fueron recomendaciones, 490 sugerencias, 478 recordatorios de deberes legales y 9 advertencias.
Madrileños, andaluces, valencianos y catalanes fueron los que más quejas presentaron: 5.751, 2.429, 2.167 y 1.915, respectivamente.
Un total de 17.402 ciudadanos fueron atendidos por el Defensor del Pueblo, 2.501 presencialmente y 14.901 por teléfono.
Además, en 2019 ha presentado dos recursos ante el Tribunal Constitucional: uno contra un apartado de la Ley Electoral que permitía a los partidos políticos recabar datos personales de los ciudadanos para hacer perfiles ideológicos y otro contra la Ley de Caza de Castilla y León.
RESIDENCIAS Y SANIDAD
Las residencias de ancianos ocupan un lugar destacado en las actuaciones del Defensor en 2019, en el que se destaca que la institución lleva tiempo alertando de las "carencias de medios y personal" y de que es necesaria una "revisión profunda" del modelo residencial.
Fernández Marugán ha insistido en que "deben abordarse reformas normativas de calado que garanticen mejor los derechos de mayores en las residencias", que pasan por exigir una mayor dotación de personal y una mejora de su formación, el refuerzo y mejora de la atención médica así como una mayor capacidad inspectora de las administraciones.
En el ámbito sanitario, el Defensor ha incidido en que los recortes del presupuesto en Sanidad aún no se han compensado por completo; unos recortes que recayeron sobre todo en la reducción de gastos de personal: reducción de plantillas, paralización de contratos, contratos menos estables, reducción de salarios y peores condiciones laborales.
Como consecuencia, "han aflorado problemas serios": las listas de espera son todavía demasiado largas y las urgencias con frecuencia se encuentran saturadas, circunstancias que podrían "cronificarse" y hacer temer por un deterioro de la atención sanitaria pública.
Fernández Marugán ha sostenido que "el refuerzo de la atención primaria es imprescindible".
La insuficiencia de recursos sanitarios en áreas rurales y la falta de cobertura de especialistas en el ámbito de la atención primaria son otros de los asuntos que resalta el informe, en el que se dice que hay que apostar decididamente por el desarrollo de la cartera sociosanitaria de prestaciones, por los cuidados de larga duración.
Asimismo, ha instado a la reforma legislativa para que el copago de medicamentos cambie hacia un modelo de progresividad y equidad, con exención para las personas con bajos ingresos.
Fernández Marugán ha abogado por un sistema integrado de rentas mínimas a nivel estatal y solicita un amplio acuerdo parlamentario para impulsar una renta mínima de inserción social que permita garantizar una mayor suficiencia de rentas a los hogares más castigados por la crisis.
La institución también ha instado a aumentar el parque de vivienda social en alquiler y a priorizar en el acceso a colectivos en riesgo, como las familias con rentas bajas, jóvenes, víctimas de violencia machista e inmigrantes.
Respecto a la violencia de género, ha solicitado que se amplíe la protección frente a todas las formas de violencia contra la mujer, como exige el Convenio de Estambul.
INMIGRACIÓN
En el campo de la inmigración, el Defensor ha subrayado que se requiere una "profunda revisión orgánica y funcional" de la gestión de la acogida humanitaria de los migrantes en situación administrativa irregular y de quienes solicitan protección internacional.
A juicio de la institución, el incremento de personas que solicitaron protección internacional debe tomarse como "una oportunidad" para mejorar la situación de algunos territorios con poca población y actividad.
Ha denunciado las "significativas carencias" detectadas en el Registro de menores extranjeros no acompañados, que debería someterse a una "revisión urgente", y ha llamado a que se combatan los mensajes intolerantes y xenófobos contra este colectivo vulnerable.
El Defensor acompaña la memoria de su actividad en 2019 de un estudio sobre la contribución de la inmigración a la economía española en el que destaca que es un "potente agente de transformación" y denuncia que "recibir cientos de miles de inmigrantes cada año es incompatible con una política pasiva y una marcada atonía institucional en materia migratoria".
Este análisis, con el que el Defensor pretende rebatir con datos objetivos los mensajes negativos sobre la inmigración, evidencia que ésta "ha sido, es y será una oportunidad e incluso una necesidad desde el punto de vista económico".
QUEJAS PROCEDENTES DE CLM
Por otra parte, el Defensor del Pueblo recibió en el paso año 2019 un total de 921 quejas procedentes de Castilla-La Mancha.
Según el informe anual de 2019 del Defensor del Pueblo, la institución tramitó 20.616 expedientes, entre quejas (20.215), investigaciones de oficio (266) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (135).
A esta cifra hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente, que en total fueron 17.402, de los cuales 2.501 fueron presenciales y 14.901 fueron atendidos a través de llamadas de teléfono.
En el caso de Castilla-La Mancha, los ciudadanos de la región formularon 921 quejas, más de un tercio de las cuales procedían de Toledo (358), seguida de Ciudad Real (201), Guadalajara (160), Albacete y (132) y Cuenca (70).
En cuanto a las áreas de actuación a las que hacían referencia las quejas, 125 de las 921 totales de Castilla-La Mancha eran sobre la Administración de Justicia, 104 eran sobre función y empleos públicos, 76 sobre asuntos de Interior y 71, de sanidad.
